Tras generar expectativas de un pacto energético con las fuerzas políticas, lo que hizo el Gobierno fue tapar la boca a las eléctricas. Después de una política que ha enmascarado el coste del servicio, provocando un déficit tarifario creciente, el Gobierno se decidió a reconocer un alza del 9,7 por ciento en la luz para detener la avanzadilla judicial que el sector estaba ganando al decreto del carbón.
Cuando Zapatero quiere algo y se tuerce, lo impone por la vía que puede. Con el carbón no iba a ser menos. Subió el recibo, pero con fines electoralistas: para luego aplacar el alza cerca de los comicios de mayo. ¿En eso se queda el cacareado acuerdo que nunca llegó? Es la constatación de una política energética errática y generadora de incertidumbre que el Ejecutivo se ha apresurado a barrer bajo la alfombra.
