Normalmente, se fija el blanco y después se dispara la flecha. El Gobierno, en cambio, dispara la flecha y luego corre detrás de ella para pintar la diana en el sitio donde se ha clavado. Para los dibujos animados es muy eficaz, pero para reformar el sistema de pensiones no sirve.
El Pacto de Toledo prefiguró una difusa diana. Los sindicatos han dado otra opinión sobre dónde creen ellos que está la diana. Los partidos políticos dicen que han visto una diana en algún sitio y el Gobierno cree que, haga lo que haga, da en la diana.
La reforma eleva a 67 años la edad de jubilación pero mantiene muchas fórmulas para jubilarse antes. Ése era un grave problema y seguirá siéndolo después de la reforma. Y el hecho mismo de subir la edad a 67 de este modo hará mayor el número de trabajadores dispuestos a anticipar su pensión. La jubilación parcial, agujero negro del sistema, era posible entre los 61 y los 65 años. Ahora, será posible entre los 61 y los 67 años.
Al modificar uno solo de los extremos del arco, la diferencia entre la edad legal y la edad real se hace mucho mayor. Esto es lo contrario de lo que se pretendía. Así que se ha cambiado mucho el sistema de pensiones salvo, quizá, una cosa: lo que importaba.
La jubilación parcial debe usarse precisamente para lo que sirve: para la adaptación de los trabajadores de edad a nuevas formas de empleo. Y aunque es un modo muy útil para coordinar políticas laborales en determinadas franjas de edad, seguirá usándose para salir del mercado de trabajo prematuramente.
El Gobierno actúa como si los trabajadores se jubilaran antes de la edad legal por un capricho, inconveniente que se corrige subiéndola a 67. Pero el Gobierno sabe que la jubilación anticipada -no sólo la parcial- siempre ha sido una estrategia de las empresas y de los sindicatos para ajustar plantillas y ahorrar costes salariales empujando, literalmente, a los trabajadores de edad a retirarse.
Y mientras sigan sin poder decidir realmente por ellos mismos, sin otras influencias, sin la amenaza del despido, sin convenios colectivos que incluyen jubilaciones obligatorias, optarán por el retiro anticipado.
Los trabajadores no encontrarán atractivo permanecer en el mercado de trabajo si esa permanencia no retorna en forma de beneficios económicos. Los trabajadores mayores tienen que percibir, por ellos mismos, que mantenerse en activo es económicamente atractivo y, sólo entonces, en la mayoría de los casos, optarán por alargar la vida laboral.
La reforma eleva un 3,5 por ciento la pensión a quienes, reuniendo además otros requisitos, sigan en activo después de los 67 años. Es ingenuo incentivar después de los 67 a quien ya ha llegado en activo a esa edad porque el problema está antes de esa edad, a partir de los 61, cuando los trabajadores tienen abiertas de par en par las puertas para el retiro prematuro.
Con esta reforma, la edad media de la jubilación subirá un poco. Pero la distancia hasta la edad legal será mayor. Los sindicatos y el Gobierno siguen en el regate corto, negociando solamente cómo pintar dianas donde han caído las flechas. Con esa táctica no se puede negar la puntería, así que los partidos aplaudirán el pacto, pero la gente debería preguntarse si era allí donde estaba la diana antes del disparo.
El Robin Hood de La Moncloa y el Guillermo Tell de la Seguridad Social pueden equivocarse porque errar es simplemente humano y es fácil. Para hacer las cosas muy mal, sin embargo, es preciso, además, cargos políticos ineficaces, partidos y sindicatos ocupados en otra cosa y un sistema de pensiones que no aguante mucho más. Pero la pensión de Robin Hood parece estar asegurada.
Juan Carlos Arce. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Autónoma de Madrid.
