Tanto la OCDE como el BCE y la Reserva Federal han insistido esta semana en la desaceleración evidente de la economía internacional, aunque han evitado hablar de recaída en la recesión. Hay unanimidad en que el segundo semestre será peor y en que la recuperación de empleo tardará años.
Las tensiones financieras han vuelto con crudeza al saberse que algunos grandes bancos no habían sido todo lo transparentes que se esperaba en las pruebas de esfuerzo, con el consentimiento tácito de sus reguladores, y al conocerse las necesidades adicionales de capital y los requisitos de liquidez que se impondrán en la nueva normativa de Basilea III, y que probablemente conoceremos este mismo fin de semana. El miedo a la suspensión de pagos y los problemas del euro se han reavivado con el mal dato de caída del PIB en Grecia y la partición del Anglo Irish Bank en Irlanda.
A pesar de esas incertidumbres internacionales y algunas certezas nacionales preocupantes -el análisis desagregado de los datos fiscales, la apertura del desequilibrio comercial o los primeros indicadores de consumo y producción del tercer trimestre-, el Gobierno español cree que hay margen para relajar el ajuste. Lo han repetido esta semana y lo han ratificado con sendas decisiones de gasto. Puede ser por estrategia política -la cercanía de la huelga general, la proximidad de las elecciones locales y autonómicas- y no sería excesivamente preocupante siempre que confiemos en que el ajuste se intensificará en el segundo semestre del año 2011 y pensemos que los mercados tienen un grado de tolerancia política muy superior al demostrado hasta ahora. Pero puede ser por convencimiento de que la recuperación se ha iniciado ya y los estabilizadores automáticos harán sin coste alguno parte del ajuste fiscal. Quizás por miedo a esa tendencia natural de los políticos a ver la botella medio llena es por lo que los banqueros centrales se han visto obligados a volver a la carga esta semana. Es su trabajo y nadie debería criticarles por ello.
Trichet ha pedido prontitud a aquellos países que tienen que consolidar sus cuentas públicas y ha decidido pedir públicamente la suspensión del derecho de voto a los países incumplidores en la revisión del Pacto de Estabilidad. La Unión Europa ha avanzado algo esta semana en la coordinación de las políticas macroeconómicas. No uso expresamente el término gobernanza europea por dos razones. La primera, política, no se está avanzando en una dirección supranacional sino plurinacional; son los distintos Estados los que mantienen la decisión última, no las instituciones comunitarias. Es el ECOFIN, no la Comisión. La segunda, económica, ¿qué credibilidad fiscal tiene una norma tan light que ni siquiera se atreve a imponer sanciones? Ya vimos en la Agenda de Lisboa la fuerza real que tuvo el método de la presión social y la amenaza de sacarte los colores en público -lo que los anglosajones llaman name and shame- para avanzar en las reformas estructurales. La disciplina fiscal europea tiene su pecado original en 2005, cuando se decidió no aplicarla a Alemania y Francia. Sólo reglas automáticas, sin margen de interpretación alguna, pueden convencer a los inversores de que algo ha cambiado. Por su parte, Fernández Ordoñez ha querido rebajar el optimismo y ha lanzado tres avisos: hay nuevas necesidades de recapitalización, la reforma laboral es insuficiente aunque posibilita la flexibilización interna de las empresas, y la clave es recuperar el crecimiento con políticas de oferta. Que alguien en este Gobierno interino les oiga.
Fernando Fernández, del IE Business School.
