El Ministerio de Vivienda anunció ayer ciertos extremos de la aplicación del ajuste presupuestario a su cartera. La ministra Beatriz Corredor remarcó la necesidad de establecer prioridades. En tal afán se ha optado por potenciar el alquiler y la rehabilitación de vivienda protegida, en detrimento de otras actuaciones. Por ejemplo, se recortan las ayudas a la compra de pisos protegidos, lo que supone un bandazo en los planteamientos previos de este departamento, desde donde se llegó a sostener que el dinamismo de las VPO podría incluso sustituir como motor al mercado libre.
No entendemos muy bien cómo, si desde el mismo Ministerio se adoptan ahora decisiones contradictorias con esa tesis. También ayer se anunció la rebaja en un 40 por ciento de las subvenciones para la promoción de vivienda protegida nueva en alquiler. Si bien las ayudas y subvenciones deben ser mecanismos a los que acudir en último caso, lo cierto es que una vez que se implantan con un determinado fin, su retirada demuestra falta de criterio y pone una vez más de manifiesto la errática gestión del Ejecutivo de Zapatero, amén de lanzar al mercado mensajes equívocos cada cierto tiempo.
No extraña por tanto ahora la reacción de rechazo de las inmobiliarias, que acomodaron sus planes a una proyección oficial que ahora cambia de sentido. La crisis española tiene un fuerte núcleo inmobiliario, el ajuste está inconcluso, se mantiene un voluminoso stock de viviendas sin vender y aún reina la atonía. No parece que las prioridades del recorte apunten a batallar en alguno de estos frentes.
