En España conviven en estos momentos varias reformas. El ajuste del gasto, cuyo máximo exponente es el recorte en infraestructuras anunciado este jueves por el ministro de Fomento, José Blanco; la reforma laboral, que se tramita en el Congreso; la reforma de las pensiones, que está a debate en el Pacto de Toledo; y la reforma financiera, que pasará el lunes su reválida ante los mercados.
El fallo o el quebranto de una de estas reformas crearía graves tensiones en la deuda española, como ocurrió en Grecia, y obligaría a recurrir al mecanismo que tiene preparado el Fondo Monetario Internacional (FMI) para España, como adelantó elEconomista.
La hoja de ruta marcada por Zapatero en colaboración con algunos de los grandes empresarios es tan sencilla como simple. Hace unas semanas, defendió en el debate del Estado de la Nación el recorte del gasto e incluso anunció que habría más ajustes para calmar a los mercados. Ayer, el Banco de España intentó mostrar la solidez de las entidades financieras y de aquí a final de año se rematarán las reformas laboral y de las pensiones.
Los test han puesto de manifiesto que las cajas con fusiones políticas salen peor paradas. Una lección para el gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y para los políticos. No sé si estos test van a servir para mostrar al mundo que "las cosas están mejor de lo que parecen", como dijo esta semana Zapatero, o para sembrar mayor desconfianza. Ni Santander ni BBVA son los números uno de Europa, ni la banca española está mejor que la alemana, como presumía.
La contabilización como si fuera capital (el denominado Tier 1) de los 10.600 millones dados en ayudas por el Frob no es un buen precedente para recuperar la credibilidad perdida en los mercados. Si descontásemos estos préstamos, la situación sería complicada y mucho más cercana a la realidad de la que reflejan los test de estrés.
Un país como España, en el que casi un tercio de su Producto Interior Bruto (PIB) dependía de la construcción y sus afines, no sufre una paralización de esta actividad sin que el resto quede tocado. En cualquier universidad o escuela de negocio se enseña que las crisis financiero-inmobiliarias tienen un coste de entre el 10 y el 15 por ciento del PIB. Eso sumaría un cifra de entre 100.000 y 150.000 millones en el caso español, que se acerca mucho a los 207.500 millones previstos en el escenario más adverso. Una parte ya se ha reflejado en las pérdidas de cajas y bancos, pero el resto está aún en sus balances.
Por eso, el grifo del crédito a pequeñas y medianas empresas y a familias continúa cerrado, al igual que el de los préstamos entre entidades, que siguen sin fiarse entre sí. No creo que los test vayan a resolver los problemas que tenemos.
La falta de credibilidad es tal, en ocasiones, que esta semana hemos sabido que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, fue engañado en el tema de la adjudicación de CajaSur.
Una alta instancia próxima al Frob garantizó, al parecer, a Griñán unos días antes de la subasta que estuviera tranquilo porque la vencedora era la malagueña Unicaja.
Griñán se lanzó a tumba abierta a publicitarlo en los medios, hasta tal punto que proclamaba su optimismo sobre la puja en una radio autonómica minutos antes de que se conociera la decisión oficial de dársela a BBK, presidida por Mario Fernández.
La noticia sobre la adjudicación fue difundida, además, por la página web de El Correo, de Bilbao, antes de que concluyese la reunión del comité ejecutivo del Banco de España. El Frob todavía no ha hecho, al parecer, su informe oficial explicando a los candidatos los motivos en detalle de su elección.
Los guiños de Zapatero al PNV en el debate del Estado de la Nación, que se celebró en esos días, hicieron prender rápidamente las sospechas de pucherazo en toda An- dalucía. Seguramente la concesión fue correcta y nadie ni nada puede ya cambiar las cosas, pero por qué siempre hay que actuar con secretismo, medias verdades y revelaciones a destiempo. ¡Cuándo aprenderemos a no mezclar la política con las cosas de comer!
Amador G. Ayora, director de elEconomista.
