La insostenibilidad del sistema de pensiones español es cada vez más inminente y resulta ineludible actuar lo antes posible para romper la deriva de la Seguridad Social hacia los números rojos: se esperaban para 2015, pero pueden llegar antes. El perfil demográfico español depara un escenario con cada vez menos cotizantes por cada pensionista, lo que compromete las cuentas de la Seguridad Social y, por ende, las pensiones futuras.
Al Gobierno ya no le queda otra salida que abordar el retraso de la edad de jubilación, como le vienen alertando desde hace tiempo expertos, observatorios y organismos internacionales. De hecho, lo único que se ha sacado en claro del reciente Debate sobre el Estado de la Nación es que el Ejecutivo se dispone a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años.
En consonancia con esa propuesta, el Gobierno planea llevar al Pacto de Toledo, tras el verano, otra iniciativa complementaria: la de obligar al cumplimiento estricto de la edad de jubilación. No en vano, la edad teórica de retiro actual, 65 años, es superior a la edad media efectiva de retiro, los 63 años. Un fenómeno que se produce por varias razones, entre ellas, que a esa edad muchos trabajadores ya han cotizado los años totales que computan para la pensión.
Cuando la salvación del sistema de pensiones español pasa inevitablemente por el alargamiento de la vida laboral, se torna lógico que se inste a que la edad efectiva de retiro coincida con la marcada por la ley. Es una medida positiva y coherente para una meta urgente: atajar la insuficiencia financiera de nuestro sistema de pensiones.
