Las compañías eléctricas han decidido detener sus inversiones en España. La reciente congelación de la factura de la luz ha sido la gota que colmó el vaso. El PP y el Gobierno lo acordaron hace dos semanas en el marco de un futuro Pacto de Estado para la Energía, pues ambas formaciones querían evitar el clamor que provocaría una nueva subida del precio.
Sin embargo, semejante populismo va en contra de todas las recomendaciones europeas, que piden que en España los consumidores abonen el coste de su consumo. Porque como el ciudadano en nuestro país paga la electricidad por debajo de lo que cuesta producirla, se ha ido formando una bola de deuda llamada déficit de tarifa que hay que financiar -por supuesto- con intereses.
Y cuesta ahora emitir estos títulos en un mercado muy constreñido. Para colmo, se desconoce qué otros recortes o modificaciones pueden deparar el Pacto. La incertidumbre regulatoria ha resultado una constante en la política energética del Gobierno de Zapatero, con cambios erráticos y continuos en las primas a las renovables, subvenciones inauditas al carbón y prejuicios ideológicos hacia una energía nuclear rentable.
El panorama se ha recrudecido de tal modo para el sector que, incluso cuando las compañías sólo esperaban dejar de ingresar unos 1.000 millones por la recién anunciada congelación de la tarifa, sin embargo, han perdido durante las últimas dos semanas en bolsa la friolera de 3.000 millones. Parece lógico que se les agote la paciencia y quieran saber cuál va a ser finalmente el entorno normativo al que se enfrentan.
