Después de cuatro años de idas y venidas, el encaje de Cataluña en España por fin se ha aprobado. Habría que alegrarse porque se cierre la cuestión catalana que tanta incertidumbre ha generado desde 2006. Sin embargo, tanto Josep Montilla como Joan Puigcercós se lanzaron ayer contra la sentencia del Tribunal Constitucional.
El presidente catalán afirmó que el TC se ha dedicado más a la política que a hacer justicia. Y el presidente de ERC declaró que este fallo puede significar la vía para la independencia de Cataluña. Parece que se abre un nuevo episodio de instrumentalización política, justo cuando hacía falta un mayor grado de consenso para abordar la coyuntura recesiva a la que nos enfrentamos. Es el momento de llamar a la calma para que prime la responsabilidad y se zanje el debate competencial con unos criterios de racionalidad económica. El Estatut fue diseñado en un contexto muy distinto y ahora debería también buscarse su encaje con la crisis.
El texto fomenta una estructura en muchos ámbitos casi dual que en la actualidad resulta bastante obsoleta si queremos evitar la duplicidad de instituciones, fomentar una mayor unidad de mercado o incluso que se introduzca en la Constitución un límite a los déficit.
Quizás a la luz de esta realidad se justifique el que el TC haya recortado las atribuciones fiscales de las que se investía la Generalitat catalana. Habrá que analizar con detenimiento cómo afectará su aplicación a las reformas del Estado que se puedan llevar a cabo. Sin embargo, todo apunta a que se someterá a un intenso fuego mediático que no buscará la eficiencia en el uso de las arcas públicas, sino más bien el electoralismo.
