Las reuniones del G20 son noticiables. En el contexto de una crisis financiera internacional no resuelta -la deuda simplemente ha cambiado de manos, pero sigue ahí- y de constantes llamadas a la cooperación internacional, se esperarían acuerdos importantes.
Sin embargo, las decisiones han sido previas y se han tomado a escala nacional con criterios políticos y no económicos. Han primado las necesidades fiscales sobre la solvencia y estabilidad del sistema financiero.
De aplicarse las reformas anunciadas, queda un largo trecho para definir detalles técnicos determinantes; los Tesoros públicos respirarán más tranquilos, pero los ciudadanos tendrán que acostumbrarse a bancos menos rentables y más volátiles. Puede parecer un exabrupto, pero es la consecuencia necesaria de primar los impuestos sobre los requisitos de capital y liquidez.
La política ha primado sobre la economía
El nuevo impuesto a la banca propuesto por Obama recaudará unos 19.000 millones de dólares. Los coeficientes de liquidez incluidos en las nuevas normas regulatorias conocidas como Basilea III, y que han sido retirados del borrador final, suponían un coste para los bancos de 5.000 millones de dólares. Se han cambiado ingresos públicos por reservas bancarias; necesidades fiscales por solvencia financiera. Es lo que pasa cuando se legisla con afán más justiciero que preventivo. La política ha primado sobre la economía, lo que quiere decir que se ha preferido pagar barato la crisis actual antes que intentar evitar la futura.
El presidente Obama puede apuntarse una gran victoria. Ha acordado su reforma financiera justo a tiempo para el G20. Europa vuelve a su papel segundón, enmarañada en problemas internos e incapaz de eliminar las dudas sobre una eventual reestructuración de la deuda soberana de algunos países. Mientras tanto, Estados Unidos ha decidido unilateralmente aplicar una versión light de la regla Volcker, separando bancos comerciales de bancos de inversión y endureciendo la normativa sobre la operativa por cuenta propia, y fortalecer el control político del banco central.
La Reserva Federal estará sometida a control parlamentario para la financiación de emergencia a la banca y el Tesoro tendrá siempre la última palabra. Un gran triunfo de la democracia, pensarán muchos de ustedes, pero un error colosal que devuelve la supervisión financiera al centro del debate político, convierte la intervención y liquidación de las entidades bancarias en asunto electoral y paraliza a la autoridad monetaria que llegará siempre tarde.
Vengo sosteniendo hace tiempo que la crisis había puesto de manifiesto justo lo contrario, la necesidad de aumentar la discrecionalidad del regulador para actuar con prontitud, para recuperar el carácter preventivo de la política monetaria y financiera, que había que fortalecer su posición jurídica en el proceso y pedirle luego responsabilidades profesionales, no legales. Sobre la ola de escepticismo y desencanto con los años Greenspan, se ha optado por generalizar el control ex-ante en vez de la responsabilidad ex-post. Como si los congresistas y el ejecutivo americano no hubieran sido tan responsables o se fueran a equivocar menos.
Coda. Esta semana no les hablo de coyuntura porque Funcas ya lo ha dicho todo. La caída del PIB español será cercana al 1 por ciento este año y el estancamiento está garantizado en 2011; las reformas estructurales, la única posibilidad de garantizar nuestra supervivencia en el área euro. Y aun así, no sé si ya se ha perdido demasiado tiempo para evitar un suceso de crédito.
Fernando Fernández, IE Business School.
