Según la versión oficial hasta hace poco mantenida, cualquiera diría que en España los trabajadores gozan de una situación envidiable gracias a los derechos sociales que los protegen. La propia realidad ya se está encargando de demoler tal versión, pero ¿somos todavía plenamente conscientes de la verdadera situación del mercado de trabajo en nuestro país? Veamos el cuadro que muestran los datos oficiales.
Lo primero que llama la atención es, por supuesto, el espantoso número de parados (4.613.000), que se traducen en una tasa de paro del 20,05 por ciento. No obstante, se nos dice que los demás países también sufren, tanto o más que España, la crisis internacional. ¿Cómo explicar entonces que la tasa de paro en la zona del euro sea del 9,97 por ciento? Tal diferencia constituye la mejor prueba de que la crisis española tiene raíces propias y de que, entre ellas, se encuentran nuestras instituciones laborales.
De esos parados, algo más de una tercera parte se consideran de larga duración (al llevar más de un año desempleados), por lo que tienen cada vez más difícil el salir de la situación en la que se encuentran. Sus conocimientos se van quedando anticuados, su motivación va disminuyendo y las empresas, que lo saben, se vuelven más reacias a contratarlos.
No sólo debería preocuparnos el que haya un gran número de parados y el que una buena parte de ellos lleven en esa situación mucho tiempo. Además, de las personas que siguen trabajando, un porcentaje anormalmente alto lo hace en condiciones precarias. El 24,39 por ciento de los asalariados tiene un contrato temporal. Un ratio de temporalidad de esta magnitud no tiene parangón en Europa, pese a haber caído desde el estallido de la crisis (llegó al 34 por ciento en 2006). En nuestro país, al lado de los trabajadores indefinidos se ha creado una subclase atrapada en la trampa de la precariedad, que se ve obligada a encadenar sucesivos contratos temporales de corta duración. En 2008, por ejemplo, se firmaron en España 2,7 millones de contratos de menos de siete días y 5 millones de menos de 30 ¿Por qué ha disminuido 9 puntos desde el inicio de la crisis la tasa de temporalidad? Porque la inmensa mayor parte de los trabajadores hasta ahora despedidos tenía contratos temporales.
Estos problemas de alto desempleo y elevada temporalidad afectan con especial dureza a los grupos más débiles de la sociedad. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, la tasa de paro es del 34,9 por ciento; para los menores de 29 años la temporalidad es del 47 por ciento; los inmigrantes tienen un paro del 30,79 por ciento y una temporalidad del 52 por ciento; entre las mujeres, la temporalidad es del 30 por ciento.
Como antes se ha indicado, los que han perdido su empleo son casi todos trabajadores temporales. En su caso, la indemnización por despido es habitualmente cero y tanto la duración como la cuantía de las prestaciones por desempleo suelen ser bajas. De hecho, alrededor de un millón de parados han ido agotando prestaciones y subsidios, hasta quedarse ya sin ninguna protección. A esto se une la existencia de 1.298.500 hogares con todos sus miembros en paro, lo que pone en peligro incluso el funcionamiento de las redes informales de apoyo familiar. Por otro lado, los cursos de formación que reciben los parados para mejorar su empleabilidad presentan una oferta poco variada, de escasa calidad y no adaptada a las necesidades individuales de cada trabajador. Además, los servicios públicos de empleo muestran una eficiencia casi nula como agencias de colocación, ya que tan sólo el 5 por ciento de las recolocaciones tiene lugar a través de ellos.
Con el modelo de mercado de trabajo que ahora tenemos, hasta los privilegiados trabajadores indefinidos sufren inconvenientes. Se encuentran atados a su puesto de trabajo actual, debido al derecho a las indemnizaciones por despido que han ido acumulando ¿Cómo será posible cambiar el modelo productivo sin facilitar la reasignación de recursos hacia los nuevos sectores? La solución de otros problemas fundamentales de la economía española, como el escaso aumento de la productividad, el déficit público, el estancamiento del consumo e incluso la morosidad bancaria depende también de una urgente y profunda reforma laboral.
Álvaro Anchuelo, catedrático de Economía Aplicada.