Extremadura y Andalucía pretenden gravar las rentas superiores a 60.000 y 80.000 euros, respectivamente. Parece que les resulta más fácil en términos políticos hacer esto que eliminar un PER que tan sólo desincentiva el trabajo. Se castiga a los que de verdad rinden y eso será muy contraproducente para unas comunidades con un paro brutal.
Es posible que necesiten subir impuestos para volver a la sobriedad fiscal; pero antes hay margen para recortes en subsidios y políticas de gasto. Debe primar la reducción de funcionarios, y las ventas de las televisiones públicas serían un buen comienzo... antes de que más currantes busquen su camino fuera.
Y tanto la tasa sobre depósitos bancarios en Andalucía como el céntimo sanitario que impondrán ambas a los hidrocarburos están ya recurridos en los tribunales.