Es interesante asistir a la transformación que sufre nuestro presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha pasado de burlarse de los mercados a tomar medidas para calmarlos. De oponerse a tocar la remuneración de los funcionarios o el poder adquisitivo de las pensiones, a todo lo contrario. De prometer mayor protección social, a un despido más barato. Ya lo dijimos aquí. Si no es por las buenas, lo acabará haciendo a la fuerza.
El presidente probablemente no crea ni una palabra de lo que dice o hace en las últimas semanas. Aquí está parte del problema. El plan de ajuste anunciado hace unas semanas es un compromiso a medias, que se limita a tomar medidas correctoras del gasto en los dos próximos años, sin entrar en reformas en profundidad. El paquete de disposiciones laborales, que dará a conocer el miércoles que viene, corre un riesgo parecido.
Desde Moncloa se confirma la voluntad de extender a todos los colectivos la contratación con despido pactado de 33 días por año o la de ampliar las causas objetivas por las que la indemnización puede quedar sólo en 20 días, como adelantamos en elEconomista.
Pero eso no es suficiente. La esencia que marcará el éxito o el fracaso de la reforma está en que no se toque el denominado despido exprés, que obliga a abonar 45 días por año trabajado, a cambio de librar al empresario de pasar por los tribunales. La Justicia es muy lenta, y cualquiera de las opciones anteriores lleva en la práctica a compensaciones mucho más onerosas que los citados 45 días. Cuatro de cada cinco rescisiones de contratos se acogen a esta última fórmula.
Zapatero puede engañar a sus electores con las reformas, pero no a los empresarios o a los mercados. Por eso, éstos siguen penalizando todo lo que huele a inversión en nuestro país. Esta semana, los llamados CDS, que miden el riesgo de inversión en España, se han colocado en niveles históricamente elevados.
Suena duro, pero muy posiblemente la reforma laboral sea insuficiente. Como dice el comisario europeo de Empleo, Lázsló Andor, en la entrevista que hoy reproducimos, "por sí sola será insuficiente para generar empleo". Sobre todo, porque España precisa otras medidas de calado, que nadie está dispuesto a acometer. Además, llega demasiado tarde. Con dos años de retraso.
Entre la mayoría de los analistas empieza a instalarse la impresión de que la reestructuración de la deuda será inevitable. Es decir, que la subida de los tipos de interés va a obligar al Estado a acudir a las instituciones internacionales, como hizo Grecia, para satisfacer sus compromisos de pago. Y eso que Zapatero presumía de tener el menor ratio de deuda en relación al PIB de Europa. ¡Lo que es la ignorancia!
Es una pena que la pujanza de empresas españolas como Telefónica se vea empañada por la política torpe y cicatera del Gobierno. César Alierta ha dado con la fórmula para hacerse con el control de la brasileña Vivo. Los portugueses de Portugal Telecom le reprochaban que actuara a las bravas, sin consultar. Unos días de negociación bastaron para que los socios de PT cambien la opinión del Ejecutivo de José Sócrates, dueño de la acción de oro sobre la sociedad. La bolsa hubiera dado la bienvenida en otra ocasión a la compra de Alierta, pero en las actuales circunstancias pasará casi inadvertida.
El panorama económico está pendiente de cómo el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, resuelva el puzzle de las cajas de ahorros. Las presiones de José Montilla y Juan Vicente Herrera han puesto en la picota la última fusión fría en torno a la entidad presidida por Rodrigo Rato, Caja Madrid, que Ordóñez orquestó a golpe de teléfono el jueves pasado. La política del gobernador sigue coartada por las numerosas exigencias de los gobiernos autonómicos.
Eduard A. Murphy experimentó el uso de cohetes sobre rieles para el Ejército americano con un resultado pavoroso. En ese momento, enunció la conocida Ley de Murphy: "Si algo es susceptible de ir mal, es seguro que irá mal". Pues eso.
Amador G. Ayora, director de elEconomista.