Hemos tenido muchas reformas laborales en España. El Derecho Laboral y el de Seguridad Social han estado en permanente transformación desde la aprobación de la Ley General de Seguridad Social de 1974 y la de Relaciones Laborales de 1976. Pocas normas básicas han cambiado tanto como el Estatuto de los Trabajadores.
Los gobiernos han procurado que las reformas laborales fueran el resultado de un pacto previo de empresarios y sindicatos, de forma que se pudiera elaborar un decreto o presentar un proyecto de ley sobre la base del consenso, lo cual siempre es positivo cuando se va a legislar sobre aspectos que repercuten directamente en estos protagonistas. Ahora bien, cuando no se alcanza el acuerdo previo, el Gobierno debe asumir la responsabilidad de gobernar. Gobernar es decidir, y pocas veces es posible hacerlo a gusto de todos.
Ésta es la situación a la que se enfrenta el Gobierno actual, que ha de dictar una nueva reforma laboral sin consenso. Es en este punto donde cabe diferenciar entre la reforma urgente y la reforma necesaria.
La reforma laboral necesaria es la que se viene reclamando desde hace años en diversos foros, especialmente por los sectores empresariales. La reforma estructural del sistema de relaciones laborales español es la reforma necesaria, y es inevitable -como lo es la del sistema de pensiones, la del modelo productivo y de la estructura misma de las Administraciones Públicas-. La reforma urgente, la que el Gobierno hubiera debido decidir hace ya muchos meses, es la orientada a frenar el desempleo. Las decisiones que serán difícilmente atacadas por los "agentes sociales" y por los partidos políticos de oposición son aquellas que contribuyan de forma clara y objetiva a incentivar la concertación de contratos por cuenta ajena y a facilitar el acceso al trabajo por cuenta propia a trabajadores desempleados.
Es muy difícil generar la confianza y la ilusión que una economía precisa cuando se tiene una cifra de paro como la nuestra. Y más próximas que la cifra de paro están cada una de las personas desempleadas: jóvenes que no pueden acceder a su primer empleo, mayores que se encuentran sin el suyo a una edad en la que la sociedad que hemos construido les impide absurdamente el acceso a un derecho básico como es el de trabajar, con las graves consecuencias que implica en estima y desarrollo personal y en medios de subsistencia. Cientos de miles de situaciones de dolor y sufrimiento, con cara y ojos. Cientos de miles de personas que se ven abocadas a trabajos en precario, fuera del sistema, que nadie quiere. Para ellos no hay Estado de Derecho.
Cualquier Gobierno debe tener como prioridad de Estado el promover las condiciones necesarias para la creación de empleo digno. No debe ser su principal afán el subsidiar al que no tiene trabajo, sino el facilitar que el desempleado que quiera trabajar pueda encontrarlo. El soporte asistencial a la sociedad lo realizan más eficientemente las familias, las instituciones de la misma sociedad civil y la Iglesia. El Gobierno no debiera ser el protagonista en este ámbito.
Los documentos presentados por el Ejecutivo sobre la reforma laboral en los pasados meses de febrero y abril son demasiado generales para poder construir sobre ellos un decreto sin consenso previo. Son una guía para la reforma necesaria, pero no para la urgente. Para la reforma urgente se deberían seleccionar un grupo reducido de medidas que fueran efectivas en la línea apuntada. Entre ellas podemos señalar la facilitación de la contratación a tiempo parcial -que siempre se ha regulado en España bajo sospecha-, la reducción ordenada de cotizaciones empresariales, la clarificación del marco de bonificación a los nuevos contratos, las medidas laborales y fiscales para incentivar el trabajo autónomo y la reforma de la intermediación en la creación de empleo.
Esperemos que el Gobierno, aunque tarde, acierte en el sentido de esta reforma urgente, y que empresarios, sindicatos y oposición política, sean capaces de unirse en el apoyo a unas medidas concretas, pocas y efectivas, por el bien de los ciudadanos de España.
Carlos de Benito, profesor de Relaciones Laborales. Director de Nebrija Business School. Universidad Nebrija.
