La canciller alemana, Angela Merkel, ha sida la gran protagonista de esta semana. La decisión de prohibir las ventas a corto por parte de Berlín al margen de la Unión Europea (UE) ha sacado a la luz el caos interno que se vive en Bruselas y la creciente descoordinación entre sus países miembros, así como entre éstos y los del resto del llamado G-20. Los analistas culpan de la crisis griega a la falta de actuación por parte de la Comisión Europea y a su lenta reacción cuando se conocieron los desajustes de Atenas.
Es incomprensible que dos años y medio después del comienzo del desplome de los mercados financieros aún no se hayan tomado medidas para regular algunos productos, como el de las hipotecas contaminadas o las inversiones de riesgo hedge fund. La denuncia de la prensa americana sobre el poder de los chicos de Wall Street es completamente verídica.
Esta semana, los ministros de Finanzas de la UE fueron incapaces de lograr un acuerdo sobre la regulación de los hedge fund. La cumbre del G-20 en Toronto (Canadá) volverá a analizar la imposición de una tasa a la banca, por la que ya se han decantado Obama, Merkel o el recién elegido primer ministro británico, David Cameron. Los organismos internacionales se mueven como los elefantes, de manera demasiado lenta y pesada.
La incertidumbre se ha adueñado de la situación y arrastra a la baja a la bolsa, que ignora los datos económicos que alumbran una incipiente recuperación mundial.
La decisión de Merkel estuvo más dirigida hacia sus electores. La canciller necesita ganarse a la oposición para pasar el megaplan de 750.000 millones de apoyo al euro en la Cámara Baja de su país, donde ya no tiene mayoría tras perder las elecciones de Renania del Norte. Por eso acompañó las medidas con un plan de nueve puntos con duras sanciones para los países que incumplan el déficit.
La dureza de Merkel, sumada a la presión de Sarkozy, alumbraron un ajuste demasiado drástico para Grecia. La banca francesa presiona a su presidente porque es la primera acreedora del país heleno. Muchos analistas empiezan a cuestionar que Grecia sea capaz de asumir el ajuste, que ni siquiera contempla una mínima quita para su deuda, como se hace tradicionalmente en los acuerdos en los que interviene el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Merkel y Sarkozy se han pasado de frenada con sus exigencias a Papandreu, lo que redundará en un mayor descrédito e impopularidad de las instituciones europeas. Ahora se explica que el presidente francés amenazara, aunque fuera veladamente, con sacar a su país de la moneda única.
También se explica por qué Zapatero acató sin rechistar el ajuste adicional, que este jueves aprobó el Consejo de Ministros. Elena Salgado logró dejarlo en 15.000 millones, en lugar de los 30.000 que pedía la Unión Europea.
La vicepresidenta y ministra de Economía ha perdido, sin embargo, la ocasión para tomar medidas capaces de regenerar la confianza e impulsar el crecimiento. Así lo reconoció la propia Salgado, al admitir que sus iniciativas mermarán en medio punto el maltrecho crecimiento de la economía española para el año que viene, hasta el 1,3 por ciento.
Lo peor es el caos de contradicciones entre los miembros del Gobierno sobre lo que hay que hacer. El impuesto "temporal" para "los que más tienen" ha desatado una batalla mediática entre sus defensores, los ministros más políticos -Chávez, Blanco o la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín-, y sus detractores, los económicos -Salgado, Sebastián y Corbacho-. Zapatero, en lugar de poner orden, lo lía más. A De la Vega la desacreditó con la bajada del sueldo a los funcionarios y a Salgado, al confirmar el gravamen a las grandes fortunas.
El espectáculo es dantesco. Si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos cómo van a gobernar un país. Sólo hay consenso en hacer coincidir el Consejo de Ministros con la hora del telediario. Lo malo es que, al final, Zapatero tomará la decisión para salir en la hora de mayor audiencia.
Amador G. Ayora, director de elEconomista.
