El mismo Ejecutivo que a bombo y platillo vendió su proyecto de conducir a la economía española hacia un modelo más sostenible, limpio y verde, lleva a Bruselas un decreto cuyo fin último es respaldar el carbón nacional, en detrimento de los ciclos combinados de gas y de las energías renovables. No tiene sentido esta anacrónica defensa, y menos en tiempos de crisis como los actuales, cuando resulta más rentable y menos contaminante el carbón importado.
Si el objetivo es sostener la minería española, se pueden reforzar los planes de ayuda para las comarcas implicadas, quizá menos gravoso para las arcas públicas y, por ende, para los ciudadanos, que no lo acusarían en su factura energética. También resulta ilógico que el Gobierno vuelva hoy sobre sus pasos para desplazar su propio modelo de apuesta por las renovables en favor de otro que fomente una fuente más sucia y generadora de CO2 como es el carbón.
De este modo, Industria ennegrece su propia política energética, fomentando un mix que pone en jaque a las eléctricas y en general, al sector energético, que no entiende cómo está en juego un posible recorte de primas a las renovables, pero sí hay, sin embargo, disposición para apoyar el carbón. Más cuando la UE ya ha definido un plan para reducir la producción del negro mineral.
Pero lo que más descalifica este nuevo quiebro de la gestión energética del Gobierno , y por tanto económica, es que no deja de ser un parche, cuando lo que se precisa es un replanteamiento integral de la política de energía en la correspondiente subcomisión y que debe comenzar por una planificación clara y estable de cara al ejercicio 2020.
