Los venezolanos vivimos actualmente una crisis nunca antes vista en nuestro país, como consecuencia de políticas diseñadas para promover una ideología equivocada, que no da prioridad al bienestar de nuestro pueblo. En la víspera de la cumbre de los jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe es importante que todos los participantes, pero en especial los líderes europeos, estén al tanto de nuestra realidad.
Venezuela sufre un grave desabastecimiento de alimentos como resultado de las políticas que desincentivan la productividad. Productos básicos como café, azúcar carnes y frutas brillan por su ausencia en los anaqueles de los supermercados. La inflación en Venezuela (el 30 por ciento) es la más alta en toda América Latina. Asimismo, las políticas de expropiación, nacionalización y confiscación del Gobierno chavista han aflorado un flujo de entrada negativo, de por lo menos 3.100 millones de dólares en inversiones extranjeras. El pueblo siente que el país está al borde de un precipicio.
La batalla económica que Venezuela encara es producto de la guerra abierta del presidente Chávez contra la empresa privada. Mientras en la mayoría de países del mundo los gobiernos buscan incentivar la productividad y la competencia entre los empresarios privados, Chávez hace todo lo contrario. La retórica de intimidación contra los empresarios privados, tanto domésticos como extranjeros, están a la palestra de la actualidad venezolana escondiendo los verdaderos problemas (faltan servicios básicos como luz y agua, los hospitales no tienen insumos y, la inseguridad se ha convertido en el principal problema de nuestro país).
Desde 2005, por lo menos 200 empresas han sido expropiadas, nacionalizadas o confiscadas por el gobierno venezolano. Entre ellas, hay varias compañías europeas, incluyendo Holcim de Suiza, Banco de Venezuela, Lafarge, Almacenes Éxito de Francia y, ahora, parece vuelve a tener la mirada puesta en Telefónica, por poner un ejemplo más cercano a ustedes (en 2007 la compañía telefónica CanTv en la que Telefónica tenía una parte fue fruto de la estatalización).
Entre los más afectados por esta política están los trabajadores venezolanos. Hay evidencia contundente de que las empresas y sectores cuyo control han pasado a manos del Gobierno chavista son ineficientes y están mal administrados. No debe ser una sorpresa para nadie que en estos momentos el sindicato de Empresas Polar, el empleador más grande de Venezuela, está luchando contra una orden de expropiación del Gobierno de unos terrenos y almacenes propiedad de la empresa en Barquisimeto. Los trabajadores temen por la pérdida de sus empleos.
Las confiscaciones del Gobierno venezolano abarcan toda la gama de negocios, desde la marca de café más reconocida en el país -Fama de América- y las grandes multinacionales internacionales, hasta los pequeños negociantes. En esta última categoría, uno de los nuevos blancos del presidente Chávez es la industria cárnica. Por lo menos un grupo de casi 40 carniceros están acusados de especulación, la nueva falta que justifica todas las investigaciones y pesquisas ilegales del Gobierno del Presidente Chávez.
La realidad venezolana debe estar en la lupa de los líderes que se reúnen en Madrid. ¿Hasta qué punto pueden estos Jefes de Estado continuar ignorando, ya sea públicamente o en privado, los atropellos contra las libertades civiles en Venezuela? Como hemos visto a través de la historia, en algún momento la inacción de un gobierno se convierte en complicidad de las acciones de otro.
En los próximos meses, los venezolanos elegirán su futuro en las urnas. Hay dos caminos: la cara, indica dirección de cambio, modernidad, justicia y equidad. Oportunidades, es lo que necesitamos, empezando por una Asamblea que oiga y comparta las prioridades de la gente y que proteja los derechos de propiedad de todos sus ciudadanos.
La cruz que encarna a Chávez y el PSUV, que quieren convertir a Venezuela en un país radical, marxista y comunista, una segunda Cuba, donde se adoctrina a los niños en las escuelas, donde la inseguridad ronda en las calles y el propietario es el gobierno según se le antoje, donde cada día haya menos libertad.
Julio Borges, presidente del partido político venezolano Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional.
