Se considera una empresa familiar a aquella empresa que cumpla con las siguientes condiciones:
Que la familia ejerza el control accionarial de la compañía, ya sea por poseer la mayoría de los votos o porque ejerce una influencia decisiva sobre su gobierno.
Que la familia tenga una presencia relevante en los órganos de gobierno corporativo de la compañía (habitualmente el Consejo de Administración).
Que haya una participación directa de, al menos, un miembro de la familia en la gestión de la empresa a su máximo nivel.
Asimismo, incluso las empresas de gran tamaño, como por ejemplo el Grupo Planeta, Inditex o Banco Santander, son consideradas empresas familiares. Por tanto no es de extrañar que justamente desde el Instituto de la Empresa Familiar, la institución que agrupa a las principales empresas familiares españolas, se haya liberado la batalla sobre la propuesta del Grupo Socialista de eliminar desde los estatutos la limitación que algunas compañías imponen a los derechos de voto en las juntas generales.
¿Cotizar en bolsa?
Uno de los principales problemas que tienen las empresas familiares está relacionado con su tamaño. A partir de un cierto volumen las empresas que quieren seguir creciendo se encuentran ante el dilema de si su salida a bolsa implica arriesgar el control de la empresa.
La protección de la que disponen actualmente está en los blindajes que les permiten seguir aumentando su tamaño, reteniendo el control. Pero, en espera de la decisión que formulará la futura Ley de Auditoría, las empresas familiares cotizadas pueden perder esta salvaguarda y de este modo se limitarían sus opciones de obtener financiación a través de la salida a bolsa, u otro tipo de ampliación de capitales, ya que aumentará el temor de perder el control.
Limitación de voto
En el pleno de debate, el Instituto tildó de inoportuna la aprobación de la enmienda, dado que "conlleva una limitación del derecho soberano de toda junta de accionistas a adoptar los acuerdos que considere necesarios".
También alertó de que esta modificación tendrá efectos retroactivos sobre algunas decisiones que las juntas de las empresas tomaron en su momento, y que la naturaleza de la enmienda "no es acorde con el marco legal en el que se intenta incluir", dado que regula la nueva normativa en materia de auditoría.
En el caso de que prosperara, la propuesta del Grupo Socialista en el Parlamento afectaría a un gran número de empresas cotizadas, que tienen estatutariamente limitados los derechos de voto al 10%, al margen de su participación en el capital. Si tenemos en cuenta que el 50% de las empresas españolas que cotizan en bolsa son familiares, entendemos el temor de este tipo de empresa ante la propuesta. No obstante, algunas familias empresarias, como la familia March, principal accionista de ACS, son partidarias de eliminar los blindajes.
CiU tiene la decisión final
La solución se espera tras la Semana Santa, pero todo apunta a que CiU tendrá las claves, ya que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para eliminar los blindajes. Y la posición de los nacionalistas catalanes es de limitar la eliminación de voto solamente a los accionistas de sociedades cotizadas y que las empresas "cuenten con un plazo que les permita adaptarse" a la nueva normativa, tal y como reclamó CiU.
La mortalidad de las empresas familiares sigue siendo muy alta y la eliminación de los blindajes puede cambiar su estructura de gobierno corporativo y afectar sus planes de continuidad que dependen de la trasmisión generacional. De allí es comprensible la preocupación de las empresas familiares y desde Fundación Nexia compartimos la opinión del Instituto de la Empresa Familiar de que se necesita un debate más profundo sobre la enmienda del Proyecto de la Ley de Auditoría 121/000046.
Alfonso Cebrián, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Camilo José Cela y Director General de Fundación.
