En 2002, el Tribunal de Defensa de la Competencia prohibió a las cooperativas que se uniesen para crear una empresa con la que almacenar aceite y provocar así que subieran los precios. Ahora, ocho años después y tras obtener el visto bueno del Tribunal Supremo, vuelven a la carga.
Más allá de que la entidad tenga o no un carácter legal, se trata de una práctica cuando menos peligrosa para la libertad del mercado. Los precios se deben marcar por la ley de la oferta y la demanda, y no por una alteración del mercado.
La actual Comisión Nacional de la Competencia debería estar vigilante e impedir que tenga lugar un pacto de precios que acabe perjudicando tanto a los consumidores como a las empresas envasadoras. Está en juego la libertad de mercado.
