Espero que las manifestaciones realizadas ayer, y a buen seguro las de hoy y la próxima semana, hayan dejado claro al Gobierno el rechazo de UGT y CCOO y miles de ciudadanos a la propuesta de reforma de las pensiones realizada por el mismo, que consideramos inoportuna e injusta, y que está generando desconfianza e incertidumbre en los ciudadanos de nuestro país. El sindicato rechaza cualquier medida que suponga un endurecimiento en las condiciones para acceder a las pensiones, y por tanto no comparte medidas como la ampliación de la edad legal de jubilación o el periodo de cálculo de las pensiones, ni que se eleve el número mínimo de años para tener derecho a las mismas.
Pero no es sólo inoportuna desde el punto de vista político, sino social, porque el problema no son las pensiones, es la falta de empleo y la destrucción del mismo, sin olvidar su calidad. Es decir, si se recupera el empleo, si además es indefinido y con remuneraciones justas, aumentarán los ingresos de la arcas de la Seguridad Social vía cotizaciones sociales. La cuestión no es actuar sobre el gasto, como pretende el Gobierno, sino que hay que incidir en los ingresos, y éstos tienen mucha relación con la cantidad y la calidad del empleo. Por ejemplo, aumentando la tasa de actividad femenina, que es 17 puntos inferior a la masculina; sólo aumentando la tasa de actividad femenina entre uno y dos puntos en los próximos años, se eliminarían los riesgos que dentro de 25 años tendrían las pensiones a causa de la evolución de la pirámide de edad; o tan sólo mejorando sus salarios y su estabilidad, atajaríamos esos peligros.
Pero si fuera necesario, también se podría reforzar financieramente la Seguridad Social vía Presupuestos Generales del Estado o utilizando otras fuentes. No hay que olvidar que las cuentas públicas se han beneficiado desde 1967 hasta el año 2000 del dinero de la Seguridad Social que debería haberse destinado sólo a las pensiones contributivas, por lo que el conjunto de las arcas del Estado le deben al sistema contributivo una cantidad de dinero equivalente al 35 por ciento de nuestro PIB.
Pero también es injusta socialmente porque pretende que un obrero de la construcción, por citar un ejemplo, tenga que seguir trabajando hasta los 67 años para poder cobrar su pensión íntegra. Pues bien, no sólo rechazamos la propuesta de jubilación a los 67 años, sino que, por el contrario, también queremos dejar claro que mantenemos nuestra reivindicación de reducir la edad de jubilación a los 60 años para los trabajadores a pie de obra de la construcción y otros colectivos sometidos a condiciones de trabajo penosas o peligrosas. Porque, ¿se imaginan a un trabajador con 65 años cavando una zanja, subido en un andamio o cargando ladrillos? Pues ahora imagínenlo con 67 años.
Manuel Fernández 'Lito', secretario general de Metal, Construcción y Afines de UGT.
