CiU ha puesto fin al letargo en la tramitación de la Ley de Morosidad, aquejada de continuas dilaciones socialistas para presentar enmiendas. La retirada del recurso de CiU contra éstas evidencia que los de Duran i LLeida vinculan, de modo irrenunciable, el avance en un acuerdo anticrisis a la rebaja a 60 días en los plazos de pago a las empresas, y a que se suprima la cláusula que deja la fijación del plazo a la voluntad de las partes, pues se deja vendidas a las pequeñas compañías frente a las grandes. Esta reforma afectará a los pagos entre empresas y a los de las Administraciones, cuya duración estrangula la liquidez y supervivencia de muchas pymes y autónomos. Ésta y no la del Gobierno es la política social que necesita nuestro tejido productivo, el que crea la mayor parte del empleo.
