La reacción de los mercados financieros ante las negras perspectivas de la economía española parece haber despertado a algunos políticos estos últimos días, aunque otros siguen enfrascados en debates estériles o, cuando menos poco productivos. Entretanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaba recientemente que España sería la única gran economía con crecimiento negativo durante 2010, concretamente un -0,6 por ciento, frente al 1,5 por ciento previsto para Alemania, el 1 por ciento para Italia o el 2,7 por ciento para Estados Unidos, todos con signo positivo. Esta difícil coyuntura se plasma en un mercado interior estancado para nuestros empresarios, que deberán, por tanto, acudir a los mercados exteriores, una aventura costosa y a la que las administraciones están curiosamente dedicando menos ayudas (léase, por ejemplo, el histórico recorte presupuestario del ICEX).
A las dificultades para vender, se añaden los problemas para cobrar, desgraciadamente habituales en nuestro país. En este contexto, otra noticia reciente indicaba que un 12,1 por ciento de las empresas españolas presentan un alto riesgo de no cumplir con sus compromisos de pago durante 2010, según un ranking de riesgo comercial. Este valor se situaba en 2009 en un 9,6 por ciento, lo cual demuestra el avance implacable de la morosidad. PIMEC, a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), ha venido denunciando un fenómeno que lastra la tesorería de las empresas y pone en grave peligro su existencia en un momento muy delicado de sequía crediticia y aumento de la presión fiscal (subida del IVA). La Plataforma lleva a cabo actualmente una amplia encuesta, que parece confirmar para España plazos de cobro de más de 90 días frente al sector privado y de unos 170 días frente a clientes públicos. Nuestros homólogos europeos, en cambio, con plazos de cobro de 40-50 días, disponen de mayor liquidez y deben recurrir en menor medida a la financiación externa, al menos para el corto plazo.
El flamante anteproyecto de Ley de Economía Sostenible dedica una sección a la morosidad, aunque sin aportar soluciones eficaces para este problema endémico. El borrador de la Ley mantiene el pacto entre partes -que siempre favorece a los grandes clientes en detrimento de sus proveedores-, no concreta el cálculo de la indemnización por los costes de cobro ni impone la fecha del albarán de entrega de la mercancía como inicio del cómputo del plazo de cobro. Por otro lado, la propuesta de ley carece de mecanismos sólidos en el ámbito judicial -más allá del ineficaz proceso monitorio-, como son, por ejemplo, los tribunales franceses de comercio. Tampoco recoge la vieja reivindicación de deducir el IVA impagado en las declaraciones tributarias, aunque este asunto es objeto de una iniciativa legislativa paralela en el Congreso, aplaudida por la Plataforma.
En Francia, el Observatorio de Plazos de Pago acaba de corroborar los efectos positivos de las modificaciones legales introducidas en 2008 con la Ley de Modernización de la Economía. En septiembre de 2009, una encuesta de este Observatorio indicaba que un 71 por ciento de los empresarios observaba una reducción en sus plazos de cobro, con un 41 por ciento afirmando que las reducciones eran superiores a los 10 días. La Ley francesa se enmarca en un amplio pacto de Estado de 2005 para dinamizar las pymes mediante su mayor participación en contratos públicos, su reforzamiento financiero y una relación más estrecha con las grandes empresas en los ámbitos de innovación e internacionalización.
Como en Francia, resulta imprescindible que nuestros poderes públicos centren su atención en la espina dorsal de nuestra economía: las pequeñas y medianas empresas. Sólo una decidida política de apoyo a las pymes desde todas las administraciones, dando solución a problemas transversales como la morosidad, reduciendo la presión fiscal y las cargas administrativas, así como aportando ayudas para la innovación y la internacionalización, logrará realmente una recuperación de la actividad económica en comarcas, ciudades y el conjunto del país. Con el resto del mundo saliendo ya del largo túnel de la crisis, no sólo los redactores del Financial Times, sino el conjunto de la ciudadanía española se preguntarán qué hacen nuestros políticos y administraciones para subirnos al tren del crecimiento. Éste es el auténtico debate que importa a la mayoría de nosotros y que si duda, decidirá las próximas convocatorias electorales.
Antoni Cañete, secretario General PIMEC. Portavoz de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad.
