La Seguridad Social lleva años generando excedentes de cotizaciones, superávit de caja. La SS permitió presentar cuentas saneadas en España. Ha sido el esfuerzo de cotización de trabajadores y empresas el que dio margen a este Gobierno para incurrir en gastos no siempre justificados.
¿Y qué ocurre ahora? Que el Gobierno plantea recortar pensiones sin tener en cuenta esa realidad; reducirlo bruscamente (4 por ciento del Producto Interior Bruto) cuando nuestro gasto en pensiones es menor que la media Unión Europea. Debería ser en el resto de las cuentas del Estado donde se corrigiera un gasto público claramente insostenible.
El Gobierno pide sacrificios a los cotizantes cuando debería ser solidario con ellos, incorporando recursos a la Seguridad Social, en lugar de extraerlos de ella de forma indebida. El Gobierno argumenta incrementos de costes y evolución demográfica, pero se desentiende de medidas de ingresos y estabilidad (empleo, bases de cotización, productividad?). Plantea una reforma dura, mientras adopta una posición ambigua y plana respecto al mercado laboral. Prioriza los recortes antes de agotar las medidas para reactivar el empleo y los presenta, con inusual descaro, como condición para seguir subiendo pensiones mínimas. El Gobierno nos prolonga coactivamente la vida laboral hasta los 67 años para poder seguir yendo a Rodiezmo a presentar arbitrarias medidas con el dinero de los que han cotizado. Al final siempre es lo mismo: socialismo es igual a paro, despilfarro y pérdida de bienestar.
La clave no es trabajar hasta una edad más tardía, sino aumentar la productividad de los años trabajados. Lo que cuenta realmente son los años de plena actividad y los recursos aportados (o sea, la evolución de las bases de cotización). La productividad del factor trabajo. ¿Qué clase de economía sostenible no tiene esto en cuenta?
La que defiende Zapatero, que no crea empleo, no produce más y mejor, exige sacrificios y pérdida de derechos presentes y futuros, pero no se aplica el cuento, manteniendo el Gobierno más caro, hinchado e inútil de la historia reciente.
En la propuesta del Gobierno los ciudadanos generan menos derechos (trabajan menos años, más precarios y más temporales) y a mayor edad, para así cobrar menos el día de mañana. La lógica es que a menos derechos de pensión, más saneado estará el sistema. Esta es una inaceptable variante de los círculos viciosos en economía, tan socialistas ellos, esta vez aplicado a la Seguridad Social.
Hace unos meses debatimos en Europa sobre la jornada laboral de 48 horas semanales, que muchos rechazamos, incluidos los fervorosos socialistas. ¿Alguien se ha parado a pensar que hacernos trabajar dos años más equivale en exigencia laboral, y de manera casi calcada, a lo que hubiera supuesto la implantación de aquella jornada? Pero esta vez nos la presentan con una dosificación distinta, un envoltorio insufriblemente progresista y la apelación solidaria a la preocupación por las futuras generaciones. Pero es lo de siempre.
No parecen darse cuenta del daño que han hecho planteando así este debate. Con esta improvisación, imprudencia y alarmismo, una población presa de incertidumbres sobre la viabilidad de su protección futura ni consume, ni confía, ni invierte, ni se arriesga. Se refuerza su racional posición de retraimiento, reserva e inseguridad. Justo lo contrario de lo que necesitaría España para aguantar mejor los embates de la crisis. Ya tenemos bastantes motivos para la falta de confianza en el presente, como para sepultarnos bajo una nueva marea de incertidumbre.
Tomás Burgos Gallego, diputado y portavoz del Grupo Popular en la Comisión del Pacto de Toledo.
