Recientemente el Gobierno ha presentado una serie de propuestas en relación con el sistema público de pensiones, para adecuarlo a la realidad demográfica, que viene condicionada por el progresivo envejecimiento de la población. Esta iniciativa debe acogerse positivamente, ya que va a permitir un debate acerca de qué sistema de pensiones queremos tener en las próximas décadas después de ser consensuado en el Parlamento.
La Constitución Española contempla un sistema mixto de prestaciones públicas y privadas, considerando las primeras obligatorias y las segundas voluntarias (sistemas complementarios).
Aunque los sistemas complementarios han tenido un fuerte desarrollo durante los últimos años, más del 95 por ciento de las pensiones procede del sistema público, y el patrimonio de los fondos de pensiones representa sólo el 7,5 por ciento del PIB español, frente a una media del 75 por ciento en los países de la OCDE. Es decir, que a estos efectos nuestro país tiene un esquema de ahorro-previsión muy distinto al de los países desarrollados. Ello puede deberse, entre otras razones, a que los españoles somos poco previsores y dedicamos una parte sustancial de nuestro ahorro a la compra de la vivienda y no a mejorar nuestras pensiones.
A finales de 2009, los fondos de pensiones alcanzaron, a nivel mundial, un volumen de activos de 12,8 billones de euros, cifra que supone un crecimiento anual del 17 por ciento.
En España, a esa misma fecha, el volumen de activos de los fondos de pensiones se elevó a casi 85.000 millones de euros, con un incremento en relación con 2008 del 8,1 por ciento. Esto supone que prácticamente se ha recuperado el volumen de activos de 2007 tras la crisis financiera de 2008. Por otra parte, el 45 por ciento de la población ocupada (cerca de 8 millones de personas) tiene ya constituido un plan de pensiones, cifra significativa, aunque baja en comparación con los países de nuestro entorno.
El volumen de activos de los fondos de pensiones podría aumentar en 2010 en torno a 5.700 millones de euros (un 6,7 por ciento más), alcanzando a finales de este año los 90.500 millones.
Los planes de pensiones son un instrumento muy utilizado por todos los niveles de renta, y especialmente por las clases medias. Así, el 75 por ciento de los aportantes declaró unos ingresos inferiores a 39.000 euros. Asimismo, la reducción anual media por aportaciones a planes de pensiones en la base imponible del IRPF es inferior a 2.000 euros.
Además, las ventajas fiscales de los planes de pensiones hacen que este instrumento de ahorro sea un producto óptimo para complementar la pensión pública para la jubilación: deducción en la base imponible del IRPF hasta un límite de 12.500 euros anuales si se tiene 50 o más años, o 10.000 euros por debajo de esa edad.
Adicionalmente, las rentabilidades de estos planes en 2009 han sido muy positivas, destacando muy especialmente las del Sistema de Empleo, que han alcanzado el 9,3 por ciento. Por otra parte, para el conjunto de planes la rentabilidad anual ponderada alcanzó el 7,70 por ciento, destacando el 27,2 por ciento en los de renta variable y el 14,2 por ciento en los mixtos de renta variable.
A pesar de la iliquidez general de los planes, existe la posibilidad de que el partícipe pueda disponer del importe acumulado en caso de desempleo prolongado, enfermedad grave, dependencia severa o incapacidad. Así, en 2008 casi 3.500 partícipes dispusieron de su plan para afrontar gastos por enfermedad grave y en el caso de desempleo prolongado, más de 13.000. Es previsible que las cifras hayan aumentado de forma relevante en 2009. Y es previsible también que dentro de la reforma de nuestro sistema de pensiones se incluya una potenciación del ahorro-previsión que, junto con la pensión pública, permita gozar a todos los españoles de una adecuada pensión de jubilación.
Mariano Rabadán, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).
