Los empresarios y sindicatos han pactado un alza salarial máxima del 1 por ciento para 2010, entre el 1 y el 2 por ciento para 2011, y entre el 1,5 y el 2,5 para 2012. Pusieron fin así al vacío de 2009, que pasó sin haberse cerrado el acuerdo sobre salarios, y fijaron una subida que se antoja prudente dados los actuales niveles de inflación, del 1,1 por ciento interanual en enero, según el dato adelantado de IPC. Sentadas esas bases, lo que se torna inaudito es la ligereza con la que se ha alcanzado el acuerdo por parte de los agentes sociales. Como si no hiciera frío fuera, en las colas del paro, pactan aisladamente la subida salarial sin regatear sobre la reforma laboral, sin ganar posiciones, fijar líneas rojas o siquiera atarla en todo o en parte. Inconcebible en cualquier caso, pero más en el momento en que está sobre la mesa un texto del Gobierno que recoge los puntos del marco laboral sobre los que está dispuesto a negociar. Si bien los extremos del pacto salarial no son descabellados ni criticables en sí mismos, se echa de menos alguna referencia al control de la inercia en la ultraactividad de los convenios y más responsabilidad, pues el mero hecho de dejar pasar una oportunidad única para definir tiempos y términos de la reforma laboral convierte el pacto para los próximos tres años en un mal acuerdo. Justo cuando el paro rebasa los 4 millones, y los sindicatos ni se inmutan por ello, alguien ha de luchar por esos desempleados y su reincorporación al empleo. No aprovechar el marco de la negociación salarial para arrancar compromisos sobre la propuesta laboral del Gobierno es un despropósito.