La irrupción (sic) de Zapatero en el debate europeo ha sido acogida por los medios de comunicación internacionales con un mucho de escepticismo y un poco de mofa. La idea del Gobierno económico es una buena idea que lleva dando vueltas por Bruselas mucho tiempo. Lo que ocurre es que los buñuelos de viento no entran en el menú comunitario y Zapatero se ha tirado a la piscina sin explicitar mínimamente lo que quiere. Además, no deja de ser paradójico que sea el Gobierno menos cumplidor el que proponga sancionar a quienes no hagan los deberes.
El mar de críticas en el que nos ha sumergido la prensa puede amainar, si el Gobierno saca adelante algo durante este semestre; o puede convertirse en un tsunami, si las dudas que tiene la prensa internacional se convierten en certidumbres a finales de junio. Y lo grave es que no va a poder hacer mucho más, porque no parece que vaya a haber mucha tela que cortar en materia legislativa en los próximos seis meses en Europa. En parte, porque la Comisión Europea, a quien corresponde el monopolio de la iniciativa legislativa, lleva en paro técnico desde que entró en funciones el 1 de noviembre, y la nueva aún tiene que salvar el escollo de su investidura ante el Parlamento Europeo, prevista para el 26 de enero y ahora aplazada por la dimisión de la candidata búlgara.
Por cierto, que una de las candidatas a comisaria más flojas ha sido la nueva Alta Representante de Política Exterior, la británica Catherine Ashton. Nuestro presidente del Gobierno apadrinó, al parecer, su designación en aras del "equilibrio político" en el seno de un Ejecutivo comunitario, que preside el "popular", José Manuel Durao Barroso. Es muy probable que en esa operación, ni Zapatero ni los que le asesoran tuvieran tiempo de echar un vistazo al magro currículum de Lady Ashton ni, mucho menos, ocuparse de saber si tenía algún cadáver en el armario.
Y miren ustedes por donde es probable que la baronesa nos haya dejado uno en bastante mal estado: el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur que se rubricó el pasado 15 de octubre y que será ratificado por el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. El acuerdo prevé un desarme arancelario completo en un plazo de cinco años, pero anticipa el efecto de este desarme al día mismo de su entrada en vigor por el impacto conjunto de dos medidas que merecen comentario específico: la flexibilización de las reglas de origen y el denominado duty draw-back. Medidas que han hecho saltar las alarmas en el sector del automóvil y en muchos otros que ven en este acuerdo un precedente para los que estamos a punto de firmar con Ucrania, India y Canadá.
En primer lugar el acuerdo relaja las reglas de origen para permitir a la industria del automóvil surcoreana exportar a la UE coches made in Corea con todas las ventajas arancelarias, aunque el 45 por ciento de sus componentes estén fabricados en países como China y eso suponga rebajar el coste de producción de cada coche. También consagra el llamado duty draw-back; es decir, la devolución de los aranceles pagados en el momento de la importación cuando los coches sean exportados a un país tercero. Según los industriales del sector, las dos medidas permitirían a los coreanos rebajar el coste de cada coche entre 360 y 500 euros hoy, y 1.500 euros cuando el arancel haya desaparecido completamente. Un golpe letal para la industria española que produce coches pequeños y medianos. No tiene demasiado sentido firmar por la mañana el Plan Renove para ayudar al sector y, por la tarde, aceptar un acuerdo que le sitúa en riesgo de extinción.
Los eurodiputados del PP hemos pedido explicaciones a Ashton desde hace tres meses. Lo único que la baronesa nos ha dicho es que no nos preocupemos, porque el Acuerdo prevé una cláusula de salvaguardia en caso de que los coches coreanos lleven muchos componentes que no sean made in Corea. Pero la letra pequeña del texto descubre que la cláusula de Fierabrás sólo empezará a funcionar a los cinco años de entrada en vigor del Acuerdo, o lo que es casi lo mismo, cuando los coches coreanos hayan inundado el mercado europeo por unos precios sin competencia. Muerto el enfermo, suspender la medicación.
Alguno podrá decir que estos son pequeños detalles que afectan a un sector con empresas que no han dejado de ganar dinero a pesar de la crisis. Otros no dirán nada. Como el Gobierno español, que a pesar del tiempo transcurrido desde que se rubricó el acuerdo, no ha abierto la boca, ni tampoco parece que se haya preocupado siquiera de evaluar el impacto que puede tener en las factorías de coches que aún quedan en los cuatro rincones de España. Impacto al que colabora con intensidad una moneda surcoreana, el won, muy por debajo de su valor real.
No nos deberá extrañar, en ese caso, si dentro de seis meses y unos cuantos miles de parados más, fruto de nuevas reestructuraciones en la industria automovilística europea en España y en otros países, la prensa internacional nos inunda con otro tsunami de críticas. Aunque ya sabemos que si es así, esta mancha en el acontecimiento planetario será bien culpa del PP o bien de los malvados especuladores neoliberales, según toque en el misal de Ferraz ese día.
Seamos claros. Los populares somos fans apasionados del libre comercio, pero eso no implica que estemos dispuestos a abrir completa- mente las fronteras de la Unión a países que no impongan a sus empresas los mismos parámetros laborales, sociales, fiscales o medioambientales que nosotros impo- nemos a las nuestras. Esto no es ser librecambista, es ser un primo. Es vender buñuelos de viento.
J. Manuel García-Margallo y Pablo Zalba, vicepresidente de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Diputado del Parlamento Europeo.
