Por segunda vez en poco más de un mes, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha propuesto, entre otras fórmulas de flexibilización del mercado laboral, la reducción de jornada y de salarios a los trabajadores. Como es conocido, este miembro encumbrado del equipo de Elena Salgado ya se adhirió, antes de llegar al cargo, a una propuesta liberal de un centenar de economistas, que, básicamente, pretendía abaratar el despido.
En un país donde el salario más frecuente sobrepasa en poco los mil euros, una propuesta de esta índole es sencillamente descabellada, porque dejaría a muchas unidades familiares sin posibilidad de responder de sus deudas y sin capacidad real de mantenerse incluso. Y más cuando viene a cargo de un gobierno que asegura mantener una acendrada preocupación social.
¿Qué opciones hay?
En todo caso, la idea no es nueva, pero los países más avanzados, como Alemania, la implementan con un matiz muy especial: en la Agenda 2010, conseguida al final de la etapa de Schröder como canciller, se contempla, en efecto, una fórmula para preservar el empleo que se aplica a las empresas viables que, por mor de la coyuntura, han visto descender la demanda y se encuentran por tanto en dificultades: en estas circunstancias, el empleador reduce efectivamente el salario y la jornada de los trabajadores, pero el Estado aporta el tramo del salario que los trabajadores dejan de percibir.
A esta fórmula, que en principio era aplicable por períodos de seis meses pero que finalmente se ha ido ampliando, se han acogido ya más de 1,5 millones de trabajadores alemanes, que de otro modo hubieran ido al paro y, lo que es todavía más grave, hubiesen visto desaparecer su empresa por una adversidad meramente coyuntural.
Lo que habría de hacerse, en fin, es aplicar con imaginación los recursos que hoy se destinan a pagar el subsidio de desempleo al salvamento de empresas viables. Si así se hubiera hecho, el nivel de desempleo no hubiera llegado a las cotas actuales, ni se hubiera destruido tanto tejido productivo. Y en todo caso, esta clase de medidas deberían ser incorporadas cuanto antes al diálogo social.
Nuevo contrato indefinido
En lo que concierne a los costes del despido, ni siquiera la patronal ha ido hasta el extremo de solicitar una rebaja universal: lo que ahora proponen los empresarios, con buen sentido, es crear un nuevo contrato indefinido, sólo aplicable a los cuatro millones de parados, con un coste de despido semejante a la media europea tanto en caso de despido procedente como improcedente. Y sin tocar los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen la suerte de seguir en activo.
Mensajes como los de Campa, lejos de ayudar a la negociación colectiva, crispan a los sindicatos y perturban el diálogo social. Alguien le debería decir a este personaje que éste no es momento de teorizaciones de cátedra sino de un realismo constructivo y eficaz.
