Alrededor de 7.000 ganaderos están ultimando la presentación de una oleada de demandas por la vía mercantil para reclamar un total de 800 millones a las grandes firmas lácteas por pactar precios.
La CNMC ya multó en 2019 a ocho empresas y dos asociaciones del sector con 80,6 millones por ello. Es cierto que la industria láctea ha recurrido la sanción. Pero el mero hecho de que Competencia considere que ha existido un cártel otorga sólidos argumentos a los ganaderos para exigir ahora las compensaciones. Las compañías deben sentarse a negociar con los ganaderos. La judicialización del proceso supone un castigo mayor, ya que daña la imagen de las empresas y las pueda abocar a tener que pagar indemnizaciones aún más cuantiosas.
