La decisión de Felipe VI de hacer público su patrimonio supone un claro ejemplo de transparencia. Más aún si se tiene en cuenta que el Rey no está obligado a dar a conocer sus bienes.
Es más, el Real Decreto aprobado ayer tampoco conlleva un mandato expreso en este sentido, al limitarse a exigir a la Casa Real la publicación de todos los contratos que realice la institución, así como los regalos que reciba. Al igual que ya hizo en 2020 al renunciar a la herencia de su padre y al aceptar su salida de España, Don Felipe vuelve a ofrecer un comportamiento que solo puede se calificado de ejemplar al incrementar la transparencia de la institución por encima de lo que dicta la ley. Este tipo de actuación refuerza a la Monarquía y deja sin argumentos a los que la atacan.
