El despilfarro de Colau en vivienda pública
Ada Colau accedió a la Alcaldía de Barcelona con la promesa de resolver los problemas de vivienda en la ciudad. Pero hasta ahora sus resultados han sido, cuanto menos, decepcionantes. Primero llegó el fracaso de su intento para limitar los precios de los alquileres, que ha provocado el efecto contrario al reducir la oferta (aunque esto no ha impedido que el Gobierno le copie la idea). Ahora el frente abierto es el de la vivienda pública. El consistorio construye a un ritmo muy inferior al necesario para cumplir su promesa de alcanzar 8.000 viviendas sociales. Por ello ha optado por la compra de inmuebles de segunda mano, lo cual se está revelando como una solución mucho más costosa, llegando a triplicar el precio por vivienda respecto a lo que costaría construir de cero. La oposición ha echado mano de la calculadora y está alarmada: el presupuesto se le dispara en varios millones de euros. "No entendemos la estrategia ni los precios que se negocian", señalan, y advierten de que la factura de este "despilfarro" hará mella en los servicios públicos.
El riesgo de alargar el plan de choque
La mayor incertidumbre sobre la guerra de Ucrania es cuánto durarán sus efectos en la economía. Aunque el conflicto acabe relativamente pronto, nada volverá a ser igual en el tablero geopolítico. Por eso existe el temor de que las medidas de choque aprobadas por el Gobierno se queden cortas. En Moncloa no lo niegan, aunque recalcan que hay colchón presupuestario para alargarlo más allá de los tres meses previstos inicialmente. El problema es si se llega al otoño. "Entones habrá que elegir entre frenar el ritmo de reducción del déficit o endeudarse mucho más", admiten. Ninguna de las opciones convence mucho ante el endurecimiento de la política monetaria del BCE.
En busca de la 'macrogranja' perdida
La campaña lanzada por Alberto Garzón contra la supuesta proliferación de macrogranjas insalubres en España acaparó titulares y encendió redes sociales y campañas electorales. Pero desde el primer momento se advirtió de que las afirmaciones no tenían base real. Las cifras de inspecciones publicadas en los últimos días lo corroboran: en los últimos años solo se ha sancionado a siete instalaciones de porcino por un total de 2.330 euros. Aunque algunos matizan que solo se cuentan procedimientos en firme, el dato sorprende y mucho: nada tiene nada que ver con el panorama dibujado por el ministro de Consumo y sus compañeros de Unidas Podemos.
