"Soy mayor no idiota" debería gritarse también en la administración pública, no solo a los bancos. Esta plataforma liderada por Carlos San Juan de Laorden para visibilizar las tremendas dificultades de la brecha digital en los más mayores con el sector bancario pone de manifiesto una realidad necesaria: la de garantizar los derechos sociales de aquellos colectivos que no tienen acceso a la digitalización porque han nacido en otra época. Esos derechos sociales, amparados por la Constitución, son olvidados por la propia Tesorería General de la Seguridad Social cuando nuestros mayores necesitan contratar a una persona en su domicilio.
Algo tan necesario en nuestra sociedad como es la economía de los cuidados se ha convertido en un artículo de lujo sólo accesible para rentas altas y con conocimientos digitales. Desde el año 2018 la Tesorería General de la Seguridad Social inició una campaña de reconocimiento de empleadores a la hora de notificar una contratación. Para cerciorarse de que el empleador era real y no un impostor bastaba con tener certificado digital, DNI electrónico (una cuestión difícil para personas mayores de setenta años) o en caso de no poseerlo la Administración ofrecía acudir a una oficina presentando un formulario (FR10) y copia del DNI. Hasta ahí todo bien. El problema fue cuando la pandemia irrumpió en nuestra vida forzando a digitalizar todo tipo de comunicación, también con la Administración Laboral.
El cierre de oficinas de atención, y la falta de recursos desatendió a un colectivo que ante todo necesita atención presencial para cubrir una necesidad básica para ellos.
Desde el año 2020 la Tesorería General de la Seguridad Social solicitaba a los empleadores tener registrado su teléfono móvil en su operativa para que una vez que recibieran un SMS pudieran entrar en el aplicativo RED y notificar una contratación, si es que no tenían certificado digital. Primer escollo en una población que a duras penas tiene móvil y si lo tiene o bien son modelos antiguos o bien nuestros mayores solo lo usan para colgar y descolgar la llamada. Si ya en 2020 este mecanismo retrasaba la contratación de un/a empleado/a de hogar de media 4- 5 días según los datos del Observatorio de Empleo de ANAC en 2020, dos años después el asunto se complica aún más.
En las últimas semanas la propia Tesorería ha paralizado las peticiones para realizar contrataciones vía SMS en favor del nuevo portal de la Seguridad Social que obliga a la descarga de la aplicación móvil Import@ss lo que pone a un empleador de más de setenta años en la tesitura de peregrinar ante una serie de formularios digitales y además, tener que hacerse un selfie portando su DNI en la mano bien visible. ¿Es esto necesario? ¿Se está preservando el acceso a un servicio social básico como es el de los cuidados para nuestros mayores? En los últimos 15 días las notificaciones de alta en la Seguridad Social en el sector del hogar conllevan un retraso medio de 10 días según los datos de ANAC, el doble de tiempo que hace un año. Esto hace que la desesperación se apodere de las personas mayores que en muchos casos tienen un grado de discapacidad reconocido para contratar y desistan en su intento de hacerlo. Lo que se ideó como un mecanismo de autentificación de identidad ha terminado siendo un mecanismo disuasorio de la contratación. Uno de cada tres posibles contratos de empleo doméstico gestionado por agencias de colocación deja de serlo por los problemas que conllevan los aplicativos digitales de la administración. En un sector claramente precarizado en el que según la Inspección de Trabajo en el año 2020 se destaparon 122.608 contrataciones en negro , más valdría a D. José Luis Escrivá aumentar la atención a oficinas y facilitar la contratación de empleadores familiares en vez de instigar a la Inspección de Trabajo a cargar contra nuestros mayores. Porque ellos tan sólo son mayores, no idiotas.
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