El plan de choque del Gobierno basado en bonificaciones y créditos ICO por 16.000 millones es ineficaz contra la inflación.
Esa es la conclusión que se extrae tras las respuestas dadas por los expertos a elEconomista en las que consideran que las medidas solo permitirán reducir menos de un punto unos precios situados ya en el 9,8%. Este mal pronóstico está avalado en el hecho de que las medidas no incluyen bajadas de impuestos ni reformas estructurales y se limitan a solo tres meses cuando las consecuencias que la guerra en Ucrania tendrá en el IPC durarán años. Pero además, el plan también ocasiona problemas en la economía. Para empezar, las ambigüedades legislativas de la normativa dificultan el acceso a las bonificaciones de los combustibles, lo que ya crea incertidumbre en las gasolineras. Por si fuera poco, el plan incluye también medidas que generan inseguridad jurídica en ámbitos como el inmobiliario o el laboral. Como bien dice el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "carece de sentido" que el Gobierno endurezca la reforma laboral al vetar ahora el despido objetivo justo cuando la legislación entra en vigor. Asimismo, la intervención en el alquiler al limitarse las subidas al 2% también provoca que grandes grupos inmobiliarios barajen marcharse de España. Algo comprensible si se tiene en cuenta que la rentabilidad de los arrendamientos está en el 4% y que el sector sigue lastrado por la protección que la legislación nacional ofrece a los okupas. En definitiva, el plan del Gobierno no resuelve el problema de la alta inflación y, además, genera una nefasta inseguridad jurídica, que reducirá las inversiones en nuestro país y, por extensión, la propia actividad empresarial.
