España exige un gravamen del 26% sobre los beneficios de la venta de acciones cotizadas. Son seis puntos por encima del 19,4% del promedio de la OCDE.
Mientras varios países del entorno europeo carecen de impuestos sobre estas operaciones para estimular la inversión y la actividad, el Gobierno insiste en el error de priorizar el afán recaudatorio. Pero en este caso resulta especialmente nocivo porque afecta al legítimo afán de las empresas y de todos los ahorradores particulares, con independencia de su nivel de renta, de buscar el máximo rendimiento del capital que posee. De esta forman, la brecha entre la OCDE y España creada por este castigo fiscal inflige un grave daño al conjunto de la economía al desincentivar la inversión.
