Yolanda Díaz 'harta' a las bases de Podemos
La reforma laboral ha caído como un jarro de agua fría en las bases de Unidas Podemos. No solo se ha incumplido la promesa de derogar la demonizada regulación del PP, sino que el texto superó su trámite en el Congreso gracias al respaldo de Ciudadanos y el discutido voto del diputado del PP Alberto Casero. Pero la gota que ha colmado el vaso han sido las declaraciones de la propia Yolanda Díaz dando a entender que, de haberse tumbado su decreto, ella habría presentado la dimisión. Lo que en otras circunstancias puede verse como coherencia, no es tan aceptable en la semana clave para las elecciones de Castilla y León, con un PSOE que escala en las encuestas tras todo este lío. "Un año después de la marcha de Pablo Iglesias no podemos seguir dando esta imagen de interinidad" critican desde la formación morada. Estas mismas voces cuentan que las invitaciones a Díaz para acudir a la campaña se han desvanecido. "Tampoco la esperábamos a estas alturas", remarcan, hartos del ninguneo de la gallega a sus compañeros durante las semanas previas.
La 'masculinización' del campo entra en campaña
Cuentan que Vox lleva unos días intentando colocar en el centro del debate electoral de Castilla y León la idea del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de atajar la despoblación del medio rural combatiendo su masculinización (sic). El departamento de Teresa Ribera se refiere a que hay más hombres que mujeres en los pueblos y que el éxodo rural se concentra en ellas, pero la curiosa elección del término no ha pasado desapercibida para los de Santiago Abascal, que se la encontraron en una respuesta parlamentaria y están dispuestos a explotarla al máximo como ejemplo de lo que llaman ideología de género.
Las sedes 'malditas' de Convergencia
La venta de los bienes embargados a la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) ha pinchado en hueso. El administrador concursal solo ha podido subastar 16 de las 25 sedes del que fuera pilar del nacionalismo catalán, caído en desgracia tras los graves escándalos de corrupción, en gran parte protagonizados por la familia de Jordi Pujol. Las siglas, de las que hoy reniega incluso su sucesor espiritual, el PDeCat (que así se libró de asumir responsabilidades económicas, aunque mantenga una especie de guerra de memoria histórica con Junts Per Catalunya), parecen repeler también a los inversores, a no ser que los inmuebles vengan con un generoso descuento.
