Colau se atasca con el 'oráculo' ciudadano
Tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a su sistema de consultas populares, Ada Colau vuelve a la carga. Ahora quiere implementarlo por vía telemática. La alcaldesa de Barcelona ha hecho de la participación ciudadana un eje de sus programas electorales, aunque la manera de ponerla en práctica no ha convencido a nadie, empezando por el resto de partidos. Colau lanzó su primer reglamento sin el respaldo de los grupos municipales ni la autorización del Gobierno central, lo que justificó el veto del TSJC. Pero tampoco a los barceloneses les atraía especialmente votar por cuestiones como el nombre de calles y plazas, en lugar de asuntos relevantes para su día a día, como la subida de los impuestos locales. "Los ciudadanos no quieren votar chorradas cada dos por tres", resumen en la oposición. Con el nuevo sistema, a través de una plataforma digital que promete "anonimato y confidencialidad", el Ayuntamiento de Barcelona confía en poder resolver este desinterés. Aunque los cambios sean solo en las formas y no en el fondo.
La huelga a la que más teme Yolanda Díaz
Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social han aguantado dos años antes de plantarse. En ese tiempo, han asumido cada vez más tareas, desde perseguir el fraude en los Ertes a las campañas contra la explotación laboral de las que presume continuamente la ministra Yolanda Díaz. Pero siguen sin ver reforzados sus recursos. "Al final los explotados hemos acabado siendo nosotros", apuntan desde el colectivo, que está preparando un calendario de huelgas y movilizaciones para marzo. Un momento elegido a conciencia porque en primavera caduca el periodo de gracia para adaptarse en la reforma laboral y el papel de la Inspección es clave. Cuentan que Díaz busca una solución, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no está por la labor de hacer concesiones. "Daría alas a los inspectores de la Agencia Tributaria", apuntan en su departamento.
La sombra de la 'Ley Celaá' es alargada
La entrada en vigor de la Ley Educativa que aprobó Isabel Celaá antes de su salida del Gobierno sigue provocando quebraderos de cabeza a los alumnos y sus familias. Los últimos, los estudiantes de Bachillerato Musical. Esta modalidad permitía compaginar estudios en conservatorio con los de cualquier rama de Bachillerato. Ahora se ha restringido solo a una, Artes. Y lo que es aún peor, están obligados a hacer el cambio de plan en mitad de curso.
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