Podemos 'reflotará' la consulta para Aragonès
Parece que la cena "para conocerse" que mantuvieron Pere Aragonès y Yolanda Díaz hace una semana, poco tuvo de informal. El presidente de la Generalitat y líder de ERC salió con un compromiso de la dirigente morada para agitar el debate sobre el referéndum independentista desde el seno del propio Gobierno de coalición. O al menos eso van contando los republicanos y es lo que se temen en el PSOE. Desde Podemos se limitan a decir que el tema de la consulta siempre ha estado en su agenda. Cierto es que faltan dedos de la mano para recordar las veces que sus ministros han pisado el charco, antes y después de que Pedro Sánchez se sacara de la chistera la mesa de negociación con Cataluña. Pero hay quien dice que con esto Díaz mata dos pájaros de un tiro: logra apoyo parlamentario a su reforma laboral y se congracia con sus propias bases, bajo el control de Ione Belarra. "Si los votos suman, al final es lo que cuenta", remarcan. Y la factura política, eso lo tienen todos claro, la pagará el PSOE.
La excepción ética para la 'imputada' Colau
Cuando Barcelona en Comú se constituyó en 2015 calcó su código ético de Podemos y otras formaciones de la cuerda con un texto que prometía mano dura con los corruptos y sentenciaba a la expulsión a cualquier cargo imputado por meter la mano. Pues bien, Ada Colau está en esa situación. Ha sido citada como investigada por la denuncia de una plataforma ciudadana a cuenta de unas ayudas casualmente concedidas al que fue su antiguo empleo antes de pasar a la política de despacho. La cuestión es que investigado e imputado son sinónimos, aunque el Gobierno del PP cambió la Ley de Enjuiciamiento Criminal para priorizar el primer término, menos malsonante. Colau se agarra al subterfugio para negarse a dimitir y poder echar tierra sobre el asunto.
Moncloa se olvida ahora de las peluquerías
En su primer Decreto de estado de alarma, Moncloa incluyó a las peluquerías entre los servicios esenciales que podían seguir con su actividad pese al confinamiento. Ante el revuelo, el Gobierno rectificó, pero el caso es que casi dos años después alguien debería recordárselo tanto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como a la de Justica, Pilar Llop. A esta última porque cuando era presidenta del Senado tumbó una enmienda que les coló el PP, apoyada por el resto de fuerzas, para rebajar el IVA de las peluquerías. Ahora el Constitucional decidirá si revoca dicha anulación, con el sector en vilo.
