Tras despedir el pasado año a 1.500 temporales, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) incorporará a un millar de interinos durante 2022. Con ello busca suplir a los opositores que aprueben la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria del organismo, que no se incorporarán al mismo hasta 2023.
Las nuevas contrataciones provocan que el 14% de la plantilla del Sepe esté ya compuesta por empleados temporales. Salta a la vista que esta medida resulta del todo incoherente ante el hecho de que acaba de aprobarse una reforma laboral que tiene como uno de sus pilares principales la limitación al máximo de la contratación temporal. No en vano impone la figura del fijo discontinuo para tratar de maquillar las bajas cifras de contratación estable en nuestro país (solo el 11% de las nuevas incorporaciones al mercado laboral tienen carácter indefinido). De hecho, la normativa llega al extremo de utilizar a las ETT con el mismo fin de enmascarar la temporalidad. Sin embargo mientras la reforma exige ese esfuerzo al sector privado, Trabajo se permite recurrir a la temporalidad en un organismo que depende directamente de este Ministerio, como es el Sepe. El doble rasero que la vicepresidenta Yolanda Díaz muestra con este organismo evidencia que el ataque a la temporalidad sobre el que se basa la nueva legislación en materia laboral constituye un importante error en una economía como la española, basada en los servicios. Dicha temporalidad intrínseca de nuestro PIB, a la que el Sepe recurre, tampoco se combate subiendo los costes laborales o con maniobras de encubrimiento, sino dotando a las empresas de flexibilidad y recursos para facilitar la creación de empleos estables.
