El Gobierno insiste en centrar en las rentas altas el grueso de las medidas que recogerá la segunda parte de su reforma de las pensiones.
Pero dicho empeño, aparte de suponer un ataque injusto para estos profesionales, no garantiza la sostenibilidad del sistema. Según los expertos, un destope progresivo de las bases máximas como el que baraja el Ejecutivo, desde los 49.000 euros en adelante hasta 2050, supondría que estos cotizantes aportarán cada año 5.600 millones de euros más para el pago de las prestaciones. Sin embargo, esto tendrá un reducido impacto en el déficit de la Seguridad Social, que tendrá que hacer frente a un cada vez mayor número de pensionistas. E incluso podría anularse por completo si, en paralelo al de las bases, se produce un aumento de las pensiones máximas. Tiene razón el ministro José Luis Escrivá al defender que este 'doble destope' mejora la equidad contributiva de de estos cotizantes, que históricamente han visto crecer su aportación al sistema sin que ello se traslade a su pensión. Pero hay que recordar que las rentas altas sumarán al incremento de sus bases la subida general de cotizaciones impuesta para volver a nutrir el Fondo de Reserva. Algo que pone en duda el alcance de esta mayor equidad. En cualquier caso, este castigo en la cotización supone un perjuicio que también impactará directamente en el mercado laboral. Y es que al focalizarse en los puestos directivos y más cualificados, que son los que perciben los ingresos más altos, hará menos competitiva a la economía española para atraer talento, con el retroceso que ello supone para las empresas y el crecimiento. También, por ende, para las propias cuentas de la Seguridad Social.
