La polémica sobre las 'macrogranjas' protagonizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no debe ocultar el hecho de que el fondo de sus palabras recoge la estrategia del Gobierno para impulsar el cambio de modelo de la ganadería hacia una producción más sostenible.
Que es lo mismo que también defiende Bruselas. Por eso el Ejecutivo, en su conjunto, debería explicar al sector con total transparencia cuáles son sus planes para garantizar la viabilidad de las empresas y el acceso a unos productos de calidad para todos los ciudadanos. Lo que es imperdonable, sin duda, es que un ministro insista por su cuenta en criminalizar a todas las empresas cárnicas del país, achacándoles unas prácticas que son minoritarias.
