El último, y parece que definitivo, borrador de la reforma laboral contempla que los contratos temporales de menos de 30 días se penalicen triplicando la cotización por contingencias comunes que pagan las empresas.
El último, y parece que definitivo, borrador de la reforma laboral contempla que los contratos temporales de menos de 30 días se penalicen triplicando la cotización por contingencias comunes que pagan las empresas. Si se pretende evitar la excesiva rotación en el mercado laboral, esta es la peor solución. La fórmula para bajar la temporalidad es bien conocida y está muy alejada de lo que se plantea: es reducir el coste del despido. Esta es la principal causa de la resistencia de los empresarios a convertir en fijos a sus trabajadores. Un tema que ha sido tabú en estas conversaciones, lo que denota la falta de ambición del texto. Por contra, se vuelve a optar por incrementar las cotizaciones sociales, lo que dificulta todavía más crear empleo fijo. Además, se hace de manera indiscriminada, con excepciones puntuales solo para el sector agrario, las empleadas del hogar y la minería del carbón. Tampoco se verán afectados los contratos de sustitución. Se ignoran, en cambio, las circunstancias particulares de los sectores más estacionales y que mayor uso hacen del contrato temporal, como el turismo. El empeño de Yolanda Díaz por obligarles a recurrir al contrato fijo-discontinuo, lo único que hará es añadir una sobrecarga de rigidez que impedirá a muchas empresas ampliar plantilla, cuando registren picos puntuales en su actividad, y además multiplicará sus costes laborales. Resulta injusto cerrar los ojos a la realidad de estas empresas. Como indefendible es también la identificación automática de la temporalidad con el fraude y la precarización que ha hecho esta reforma para justificarse. No hay razón para privar así a miles de negocios de una herramienta básica para desempeñar su actividad.
