Los sindicatos, de la mano del Ministerio de Trabajo, han llevado a la mesa de negociación de la reforma laboral una propuesta que arrebataría a las empresas la capacidad para decidir si reincorporan o no a un trabajador en los casos en los que el despido sea declarado improcedente.
El coste que este ataque sin precedentes tendría para a la adaptación de las plantillas en términos de productividad es incalculable, sobre todo en un momento crítico para la recuperación económica y del empleo en España. Es un planteamiento va más allá de derogar la legislación del Gobierno del PP: elimina el propio sentido del despido en España y fulmina la mínima seguridad jurídica imprescindible para poder crear empleo, y acabaría con nuestra credibilidad de cara a las instituciones europeas e internacionales, así como a las empresas interesadas en operar en nuestro país.
Aunque este cambio legal, por ahora, no ha sido presentado en un documento sino que se ha explicado directamente en las reuniones entre Gobierno e interlocutores sociales, las formas y el momento en el que se formula apuntan a que la intencionalidad es, también, lanzar una amenaza muy poco velada a la patronal sobre lo que puede ocurrir si no firma el texto antes de que acabe el año. Que se encontrarán, como pasó con la reforma de las pensiones y la subida del SMI, con otra norma unilateral y revanchista, redactada en contra de los empresarios y no a favor de modernizar y flexibilizar las relaciones laborales en España, tal y como exige Bruselas. Una propuesta como esta, además de suponer un atentado a la libertad de las empresas, las deja sin posibilidad alguna para poder crear empleo.
