La factura del rescate del sistema bancario puesto en marcha tras la crisis financiera iniciada en 2008 no para de crecer.
En la actualidad ya alcanza la cifra de 101.500 millones, tras sumar las inyecciones públicas de 66.577 millones del Frob y el Fondo de Garantía de Depósitos y los casi 35.000 millones de deuda que aún arrastra Sareb. El conocido como banco malo se creó en 2012 y asumió entonces activos inmobiliarios de las entidades nacionales por 50.781 millones. Su mandato es colocar en el mercado dichos activos antes de 2027. Desde su creación, Sareb ha podido desprenderse del 31% de su carga. El problema es que el resto de la deuda, que aún permanece en el balance de la entidad, es muy difícil de sacar al mercado, ya que está compuesta por inmuebles y terrenos para los que existe una demanda muy limitada. De hecho, en 2020, el banco malo solo pudo amortizar 186 millones. Todo indica, por tanto, que la entidad no está en condiciones de ayudar a reducir la factura del rescate bancario en los seis años que aún tiene de tiempo para desprenderse de su carga. Así lo considera también el Banco de España que cifra en un escaso 14% el porcentaje que las arcas públicas recibirán del dinero inyectado en 2012 para evitar la quiebra del sistema financiero. Ante la gravedad del escenario, es fundamental que el Ejecutivo tome decisiones valientes para maximizar el capital que se recuperará, lo que incluye evaluar la utilidad de la propia Sareb. Con este objetivo, subastar los activos de Sareb entre los bancos y poner fin a la existencia de la entidad serían soluciones bien orientadas. Solo así se evitará que el pozo sin fondo en el que se ha convertido el banco malo siga incrementado el coste que para los españoles tiene el rescate bancario.
