Más de un año después de promulgarse la ley que limita los alquileres residenciales en Cataluña el balance es negativo.
Así lo indica que Badalona y Barcelona sean las dos ciudades españolas donde los ciudadanos deben realizar un mayor esfuerzo para pagar el arrendamiento (ambas exigen más del 35% de los ingresos familiares). Por el contrario, el porcentaje en Madrid, donde no existe tope en el precio, cae hasta el 29,1%. La diferencia refleja que la normativa de la Generalitat, que el Gobierno replica en la Ley de Vivienda, socava la oferta de inmuebles. Es más, la rapidez con la que inversores y propietarios son expulsados del mercado hará que los alquileres sigan subiendo, demostrando la ineficacia y el daño que la intervención de este mercado provoca.
