La historia se repite, no es la primera vez en la que de forma imprevista ciertos materiales se encarecen en demasía. Así sucedió en los años setenta y ochenta con el incremento espectacular del precio del petróleo y por consiguiente del de los ligantes.
En situaciones como la actual de encarecimiento excepcional e imprevisto de materiales, fletes, factura energética y petróleo y retrasos en los suministros, las administraciones públicas deben ser sensibles al clamor de los agentes sociales.
La construcción y conservación de infraestructuras, sometidas al yugo de la Ley de Desindexación y en ausencia de la revisión de precios, están viendo cómo se encarecen los materiales y los fletes y se retrasan los suministros, con el consiguiente quebranto económico para las empresas, que va más allá de lo razonable, y el inevitable retraso de las actuaciones, lo que no es sostenible.
La aplicación del principio de riesgo y ventura del contratista tiene sus excepciones no solo en el caso de fuerza mayor. Así sucede cuando se produce un desequilibrio económico que causa un grave daño económico al operador económico, caso en el que nos encontramos. Además, los inevitables retrasos en los suministros están propiciando incumplimientos del plazo pese a actuar con diligencia y tendrán una influencia negativa en el cumplimiento de las inversiones que contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Es importante que las administraciones públicas actúen con presteza para arbitrar medidas que reequilibren económicamente los contratos en vigor, por justicia y para evitar la pléyade de reclamaciones judiciales que inevitablemente se van a producir. También para derogar la Ley de desindexación y restaurar las revisiones de precios como mecanismo necesario para actualizar al alza o a la baja los precios del contrato.
Este encarecimiento no afecta por igual a todos los contratos, ya que no todos emplean los mismos materiales, pero, en cualquier caso, las empresas han de realizar un esfuerzo adicional, calculando para cada uno de ellos la cuantía de la pérdida sufrida, con el fin de reclamarla ante los tribunales en el caso de que sea importante. La demora en las entregas de los pedidos tampoco afecta por igual al retraso de las actuaciones, por lo que, en su caso, el contratista se verá también obligado a acudir a los tribunales para defender la posible imposición de penalidades a causa del incumplimiento contractual.
El sector de la construcción y servicios está en franco desamparo, por ello apelamos a la buena disposición de las administraciones públicas, para que a ejemplo de otros países tomen decisiones que palíen la situación lo antes posible y decidan recuperar la figura de la revisión de precios. Ante la gravedad de la situación hay que actuar con rapidez para que no desaparezcan empresas y por consiguiente puestos de trabajo. Mantener las cosas como están también ocasionará daños a las administraciones públicas, ya que el posible abandono de las actuaciones y la rescisión de contratos supone un varapalo económico para el interés público, por cuanto, en estos casos, el presupuesto para terminar la obra o el servicio se incrementa notablemente.
Desde ASAGUA, como asociación de empresas cuyo campo de actuación es esencialmente el ciclo integral del agua, dirigimos nuestras peticiones a las administraciones hidráulicas y nos solidarizamos con las que realizan los agentes sociales, bien de otro ámbito de la construcción y servicios, bien más generalistas.
