El acceso y conexión de las plantas de energías limpias españolas a las redes eléctricas aún se enfrenta a un importante cuello de botella.
Es cierto que el Gobierno actuó adecuadamente al mostrarse más exigente en la concesión de permisos, con el fin de poner coto a las iniciativas puramente especulativas que volvían a proliferar en este sector. Sin embargo, existen también múltiples proyectos con aval industrial, y plenamente solventes, que se enfrentan a unas demoras desproporcionadas e injustificables en un trámite tan habitual como debería ser la renovación de sus permisos de conexión. Si el Ejecutivo no aborda este problema, que ya afecta a una capacidad de 60.000 MW, ahuyentará a los inversores y boicoteará sus propios planes de transición ecológica.
