La alta inflación es un problema que azota al conjunto de la economía pero sus efectos en las políticas salariales son claramente dispares según se sujeten a convenios de empresa o a los que rigen para sectores en su conjunto. El mes pasado ofreció un ejemplo incontestable.
En octubre, el incremento medio de los sueldos para el conjunto de los convenios sectoriales firmados este año rompió la tendencia a la baja que mostró hasta el verano y se situó en el 1,55%, casi una décima más respecto a septiembre. En lo que respecta a los convenios de empresa, el comportamiento fue el opuesto ya que el incremento salarial medio se redujo ligeramente en octubre hasta quedar en el 1,09%. Como resultado, la brecha entre las alzas estipuladas por ambos tipos de convenio se ensancha, hasta el punto de que ha crecido un 42% en el conjunto de este año. En otras palabras, las empresas que se sujetan a los pactos sectoriales están obligadas a acometer subidas salariales sensiblemente mayores, que se suman a los altos costes de las materias primas y la energía que ya soportan. Constituiría así un perjuicio de gran calado imponer esta situación a todas las empresas, generalizando de nuevo la obligación de ampararse en los convenios sectoriales sin opción de descuelgue para las firmas que lo necesiten. Ésa es precisamente la opción que barajó Trabajo entre sus propuestas para la derogación de la reforma laboral de 2012. No puede extrañar que ese propósito suscitara la protesta no sólo de la vicepresidenta Calviño sino también del Banco de España y de Bruselas.
La imposición de los convenios sectoriales sin opción de 'descuelgue' a las firmas resultaría un muy pernicioso error
En el contexto actual de una recuperación que no cumple las expectativas, nada sería más pernicioso que privar a las empresas de una flexibilidad en sus políticas salariales vital para su supervivencia.
