Uno de los puntos más polémicos de la recién aprobada ley de los repartidores a domicilio estriba en la obligación que impone a las plataformas digitales de publicar sus algoritmos laborales.
Estos programas toman decisiones tan delicadas como despedir, contratar o subir sueldos y la UE inicia ya los procedimientos para regularlos. Ahora bien, sería prematuro concluir que Bruselas brindará un aval a la Ley Rider. El primer borrador de la normativa europea habla de marcar estándares de funcionamiento para estos protocolos. No hay visos, por tanto, de que el reglamento llegue al extremo de obligar a que, una vez diseñados, sean de libre acceso para los sindicatos y otros agentes. Esta política sigue siendo muy cuestionable en lo que incumbe a la protección de la propiedad industrial.
