Casi 60 países, entre los que se encuentra España, han multiplicado recientemente los controles fiscales que aplican a las multinacionales. Se trata de un fenómeno inspirado por los recientes acuerdos del G-7 y el G-20 para garantizar una tributación mínima de estas empresas a escala global.
Ahora bien, esos pactos no han dado lugar a una acción coordinada a escala mundial. Muy al contrario, los países que ya están cambiando sus normativas lo hacen unilateralmente y sin armonización alguna entre ellos. Esta situación crea de este modo una maraña legislativa de normas incluso contradictorias entre sí, y de "muy baja calidad jurídica" según los expertos y que en nada contribuye a crear sistemas fiscales más justos y eficientes.
