La ley que regula el status laboral de los repartidores a domicilio ni siquiera lleva un mes en vigor pero ya es evidente su ineficacia. La norma se caracteriza por la rigidez que presenta, ya que obliga en todos los casos a las plataformas digitales a contratar a los trabajadores que emplean; sin embargo, deja múltiples recovecos para que esas empresas eviten hacer las contrataciones.
El caso de Uber Eats lo deja claro. El gigante del sector de la comida a domicilio evita tener una relación directa con los riders que trabajan para ella, recurriendo a intermediarios, en concreto, a grandes flotas relacionadas con el sector del transporte mediante licencias VTC.
Se trata de una especie de subcontratación quepermite eludir la nueva norma. El caso de Uber Eats no es generalizado; de hecho se trata de la única firma del sector que ha recurrido a intermediaciones de esta índole. Sin embargo, hay otros subterfugios al alcance de sus rivales para conseguir los mismos resultados. Por ejemplo registrar a los repartidores en otras categorías laborales, como la propia de los mensajeros, para las que no tiene vigencia la nueva legislación. La mejor prueba de ello es el hecho de que sólo hay dos empresas, JustEat y Stuart que han emprendido la contratación de los riders.
No hay visos de que la situación mejore con el tiempo. Al contrario, resulta difícil ser optimista sobre una norma que no logró el acuerdo de las empresas del sector y que generó protestas incluso entre los trabajadores a los que supuestamente beneficia.
La nueva ley nació bajo la justificación de acabar con la indefinición jurídica y los conflictos que rodean a la economía digital pero, tal y como está diseñada, va a multiplicar los litigios.
