El Gobierno anticipa ya algunos aspectos preocupantes, desde el punto de vista financiero, de su futura Ley de Diversidad Familiar. Las palabras de la ministra Belarra indican que el Ejecutivo vuelve a recurrir a la fórmula de los subsidios públicos de muy amplio alcance, al abogar por una prestación "universal" vinculada a la crianza de los hijos.
En paralelo, los permisos de paternidad y maternidad, ya ampliados en 2019 a cuatro meses, pasarían a tener una vigencia de dos más. Medidas así van a suponer un esfuerzo extra tanto a las empresas como a las arcas públicas, cuando aún se esfuerzan por superar una crisis histórica. El necesario fomento de la natalidad no justifica que se tomen decisiones que dificultarán la recuperación y aumentarán sus desequilibrios.
