La sanidad privada española demostró estar a la altura de una emergencia casi precedentes como la que planteó la epidemia del coronavirus. En 2020, y también este año, sus clínicas y hospitales interrumpieron la operativa habitual y pusieron sus recursos al servicio de las autoridades para atender a los infectados por el Covid, un esfuerzo no siempre reconocido en su justa medida por Sanidad y por determinadas autonomías.
Ahora, la situación es completamente diferente gracias al avance de la vacunación. Sin embargo, resultaría temerario considerar que el sistema público de atención se halla en condiciones de prescindir de ayudas; muy al contrario el apoyo de la sanidad privada todavía tiene potencial para brindar importantes fortalezas. En lo que al Covid respecta, su participación en la campaña de vacunaciones siempre resultará valiosa a la hora de acelerar el logro de la inmunidad de rebaño y de atender a sectores económicos que no fueron señalados como prioritarios. Pero, más allá del virus, deben considerarse las nuevas prioridades que se van a plantear. La urgencia de combatir el Covid obligó a que se descuidara el tratamiento y diagnóstico de casi todas las demás dolencias. El nunca resuelto problema de las listas de espera se agudiza desde 2020 hasta el punto de que el tiempo medio de demora ronda los 150 días. La sanidad privada cuenta con recursos para atender este problema y, lo que también es importante, la experiencia de sus conciertos firmados con las Administraciones demuestra que lo hace con eficiencia, ya que sus tarifas son un 50% más baratas que las propias del sistema público. La colaboración entre ambos tipos de sanidad, por tanto, aún es necesaria.
